Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
San Salvador, 27 de octubre de 2012.
La soberanía es la
Autoridad Suprema del Poder Público (definición de la Real Academia). En las Repúblicas
democráticas, la soberanía es popular (Sánchez Viamonte) y así, desde un punto
de vista político, la soberanía es la voluntad de la mayoría. ¿Cómo se obtiene
esta mayoría? Por medio de la manifestación voluntaria de cada ciudadano, y la
cual manifestación hace, cuando vota, en las elecciones, el ciudadano.
Esta explicación,
parece innecesaria en nuestra república democrática y representativa, pero se
hace obligatoria, como introducción para tratar el tema que tanto preocupa hoy en
día: el negocio (la compra-venta) que públicamente se hace con el voto
ciudadano: ya sea por la venta directa del mismo, o la que hace de manera
indirecta su representante.
El caso es que votan
los ciudadanos para elegir funcionarios y también, votan los funcionarios para
realizar actos de Gobierno, pero no, según la
conveniencia de la República, sino la propia, tazada en moneda, según
los intereses de bloque político.
De acuerdo con la
moral, y para bien de la nación, cada ciudadano votante, debe elegir de
conformidad a lo que su conciencia le dicta, como más conveniente para el bien
de la nación; sí da su voto, a cambio de dinero o regalía, cualquiera sea su
especie, comete un fraude, es decir, abuso o engaño y, esto en tratándose del
ciudadano o votante, pero se da también el caso, del funcionario electo porque sus votantes lo creían seguidor de los
principios proclamados por su partido, es decir, no es un funcionario por sí y
ante sí, sino atado su mandato, a la voluntad colectiva que se encuentra
representada por los lineamientos de su partido; a esto se refiere el Articulo
125 de la Constitución, el cual dice: “Los
Diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato
imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por
las opiniones o votos que emitan”.
Pues la conciencia del
Diputado, en el ejercicio de su función pública, no es la individual, sino la
colectiva y, es ésta sumatoria de las distintas conciencias colectivas en la
Asamblea Legislativa, la que conforma el Pluralismo Político y el sistema colegiado
que la rige, el cual, en definitiva, proviene
de la conciencia de sus electores. Y si el funcionario en cuestión, proclama
que votará según su conciencia, es decir, sin consideración de los lineamientos
de su partido, estará cometiendo también un abuso o engaño.
Ponemos como ejemplo al
Diputado, que no debe obediencia a persona alguna, pero sí, a la doctrina
política que sustenta durante su campaña. Ahora bien, y como la doctrina es
abstracta y, los Actos del Diputado, son concretos, tienen, doctrina y actos,
que ser concordantes con la voluntad de la cúpula de su partido, pues la
interpretación de la doctrina política del partido, corresponde a su cúpula
dirigente.
Por lo anterior,
advertimos que puede haber dos formas de engaño político: La primera
forma, puede tener dos variantes: el
ciudadano común que ve, en la dádiva del candidato su beneficio personal y, le da su voto en cambio;
o el ciudadano, ve en el Estado, un beneficiador personal, a cambio del cual, da su voto a
favor del partido en el poder. Existe una línea muy sutil, entre la caridad
cristiana y el pago del favor y, lo mismo es entre la subsidiariedad y la
compra de voluntades por parte del Gobierno.
Aclarando la primera
forma: Parecería que este problema es propio de la moral, pero no lo es, pues
tiene una relevancia jurídica y política: es el caso que, el ciudadano al dar
su voto o beneplácito, inclina la balanza de la legitimidad hacia una u otra ideología, sustentada por los
partidos políticos, lo cual es correcto, si el individuo lo hace en razón de la
convicción que posee del Bien Común, y
no, de un beneficio directo sobre su persona. El beneficio del Bien Común,
tiene que llegar a cada persona en lo particular, pero como resultado de una
acción colectiva y generalizada, pero nunca como una acción individual o
dirigida a cierto grupo específico, para captar su favor.
En segundo lugar,
tenemos el caso de la compra del voto del funcionario, que milita dentro de un
partido político y que, dentro de su militancia, obtuvo su cargo. En este caso,
el ámbito para juzgar esta acción, excede
lo político-jurídico y el de la moral, pues es competencia del Derecho
Penal, perseguirlo. Sin embargo, al ser los funcionarios públicos quienes realizan el cohecho en sus dos
extremos; el pasivo y el activo, hacen imposible que los mecanismos de control
de la corrupción, puedan operar.
En nuestra vida
política actual, la compra-venta del voto es un hecho cotidiano y público:
basta analizar las declaraciones del Presidente Funes, cuando entrega un mínimo
subsidio a las personas de mayor edad, en el oriente del país: Leamos lo que
dice el medio PRENSA LATINA, Agencia Informativa Latinoamericana, que presenta
la siguiente nota, fechada el 23/10/2012: “En
ese sentido criticó (el Presidente Funes) afirmaciones del candidato
presidencial de la opositora Alianza Republicana Nacionalista, Norman Quijano,
de que el gobierno "regala lo que no tiene" y sus ataques a los
subsidios a los sectores más vulnerables de la sociedad.
El Presidente Funes agregó: No permitan que nadie les quite a ustedes la pensión básica que este gobierno les está dando, exhortó Funes a los ancianos tras invitarlos a usar bien su derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2014.”
El Presidente Funes agregó: No permitan que nadie les quite a ustedes la pensión básica que este gobierno les está dando, exhortó Funes a los ancianos tras invitarlos a usar bien su derecho al voto en las elecciones presidenciales de 2014.”
La intención clara del
Gobierno de extender un mísero subsidio de cincuenta dólares mensuales a 27,000
personas en el oriente del país, tiene una clara intención de compra de voto,
en lugares en los que el partido de oposición, es más fuerte y, al contrastar
los índices de votaciones favorables a la oposición, precisamente, es allí donde
encontramos los lugares en donde se ofrece el subsidio gubernamental, o donde
se encuentran las bases de activismo del Gobierno.
El subsidio es una
ayuda con fines benéficos o sociales, con el fin de ayudar al desvalido por su
condición de persona humana y no, por un interés partidario electoral. Este
subsidio, crea una relación de dependencia
con el que da el subsidio, aunque éste sea insostenible en el tiempo, por la situación
económica.
La compra de los
diputados o de funcionarios públicos y aún de partidos políticos, por parte del
Gobierno, siempre sale del erario público. Podemos citar como ejemplo, el bono
de 1.9 millones de dólares que exigieron quienes apoyaron la toma de la Corte
Suprema de Justicia, siendo tan lesivo para la moral de quienes laboran en
dicho Órgano de Estado, que muchos de ellos, decidieron hacer público, que no
cobrarían el bono, pues su dignidad no se los permitía. El pago de este bono,
fue a costa del no pago de los proveedores de los servicios al Órgano Judicial.
Considerando esta
corrupción de los funcionarios de la República y de los ciudadanos en quienes
reside la soberanía y que la vuelven artículo de comercio, recuerdo el
ingenioso poema de un anónimo poeta español.
Si
pública es la mujer
Que
por puta es conocida
República
debe ser
La
mujer más prostituida
Y
siguiendo el parecer
De
esta lógica absoluta
Todo
el que se diga ser
Hijo
de la República
No
es más que hijo
De
la gran puta
Anónimo
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