SUBSIDIARIEDAD O ESTADO BENEFACTOR ¿A DONDE NOS CONDUCIRÁ?

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 14 de octubre de 2012.

Durante las últimas semanas, tanto el Presidente Funes como altos dirigentes del FMLN, han sostenido la necesidad de mantener la “inversión social”, como prioridad del Estado de El Salvador, no obstante la necesidad actual de un presupuesto más reducido o balanceado. Tanto es así, que ya se ha aprobado el Presupuesto General de la Nación, con un aumento de poco más de trescientos millones de dólares, respecto del ejercicio 2012. Ante tal decisión, cabe preguntarse: ¿Cuál es en realidad, el fin del Presupuesto General de la Nación y cual, su impacto económico?

Partiendo del concepto de que el presupuesto “es la expresión material del bien común, de conformidad con la visión del Estado”,  podemos afirmar dos cosas: a saber, que la inversión social a la que se refieren en sus discursos, los funcionarios públicos, es el aumento del gasto corriente del Gobierno y,  que los beneficios que se dice ser de subsidiariedad,  son en realidad, determinados por el concepto de “deuda histórica” y no, por la satisfacción de las necesidades presentes de quienes necesitan la ayuda del Estado.

Entienden por  “deuda histórica” la generada por la expoliación generacional de una clase  por otra. Lo cual obliga al Estado, a expoliar a la clase expoliadora para reparar el supuesto daño. Este concepto ideológico, no tiene nada que ver, con las necesidades reales actuales y la situación económica del país; más bien  recoge un concepto  político, para una lucha social  continuada, encubierta por el concepto de bien común.

Sin embargo, no es aquí el propósito ni la ocasión para debatir  sobre visiones de bien común; es la razón económica de razonar sobre el sostenimiento de una erogación imposible de costear, por medio de los ingresos corrientes del Estado o, de créditos internacionales, que no son para la realización de los fines propios del Estado, sino para poner en practica, teorías ideológicas económicas.

Para mejor comprensión de los fines ideológicos pretendidos por el actual Gobierno, ofrezco a continuación, algunos párrafos del artículo intitulado LA ESENCIA CLASISTA DE LA AUSTERIDAD, del socialista Antonio Puig Solé:

   
“Sabemos que los costes humanos de la austeridad son altos. Sin embargo, nos dicen que este es un dolor que tenemos que soportar porque la economía se vuelva a animar. Pero, ante esta afirmación, debemos preguntarnos: ¿cómo y hacia donde la quieren animar?

“La austeridad recorta gastos mediante la eliminación de unos derechos que quienes más los necesitan son precisamente las víctimas de esta crisis. A su vez, la austeridad no consigue aumentar los ingresos del gobierno, que dependen de una economía próspera. El resultado es una espiral descendente, donde la economía todavía se deprime más”.


“La austeridad es en última instancia una política que favorece descaradamente a la clase dominante en su pulso con la clase obrera, y que también perjudica a los pequeños empresarios, sobre todo los más débiles. La austeridad permite arrinconar a los sindicatos al hacer inviable la negociación colectiva laboral. La austeridad pone las bases para la privatización de los servicios públicos y para suplantar la seguridad social pública por un sistema privado de pensiones. La austeridad extenúa a los empleados públicos contra los cuales ya se ha puesto en marcha una extraordinaria campaña de terror económico y desprestigio social. La austeridad incrementa las bolsas de paro y crea unas condiciones más favorables para imponer una rebaja de salarios y una mayor precarización de las condiciones laborales. ¡Por eso no se abandona la austeridad!” 

La negativa a una política de austeridad tiene componentes claramente ideológicos, aunque no se exprese así, abiertamente: los socialistas afirman que recortar el gasto público, es negar derechos por sí mismos conquistados y así, salvar al capitalismo. Tal afirmación resulta ser una verdadera falacia que,  oculta,  en lo posible, la crisis que la izquierda está creando, pues, en un país que carece de moneda propia, sólo existe para ellos, una única salida para resolver la crisis: la creación de una moneda social, también llamada moneda local, alternativa o complementaria. Esta moneda es considerada como   una herramienta que  permite el trueque, o sea el  intercambio, en  determinada zona, creando  de este modo un   sistema económico local, alternativo y permanente,  que permite, en mayor o en menor medida, prescindir de la moneda oficial.

La tendencia del Socialismo del Siglo XXI, es crear sistemas económicos en derredor de una misma fuente de producción, las cuales se relacionarán con otras, por medio del intercambio o trueque de objetos de consumo básico.

Una economía como la  nuestra, en la cual el 98% de lo consumido  es importado,  luego de una recesión e insolvencia del Estado, tendríamos que aceptar la moneda social para el trueque de subsistencia y, quedaríamos sujetos a la economía del grupo ALBA como único intermediario para la adquisición de productos de importación.

La moneda social, no es una novedad en el mundo de las doctrinas económicas, pues ya es planteada por  el antropólogo económico  austriaco Karl Polanyi. Como la verdadera realidad económica y no el sistema mercantil, por considerar este como una novedad histórica, que implica la integración de todos los mercados en una economía nacional o internacional, la necesidad de una fuerte intervención del Estado, mediante el fortalecimiento de las instituciones políticas. Por lo cual considera que el sistema mercantil es un modelo impracticable o sostenible a un largo plazo, por lo que hay que atender a los mecanismos económicos que operan sin la intervención del Estado. Para Polanyi, el sistema mercantil ha sido creado únicamente para la preservación  de la propiedad y el cumplimiento contractual de las obligaciones, producto del comercio.

En la obra “Moneda social y democracia: manual para comprender y hacer”, publicado en Buenos Aires, Argentina, el 2011, por la RED LATINOAMERICANA DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA , puede apreciarse el alcance de estas ideas, y en donde puede leerse sobre los talleres desarrollados con este fin, en Latinoamérica, en donde aparece claramente El Salvador.

Juzgar a los economistas del presente Gobierno como ineptos o faltos de conocimiento económico es un error, pues muy bien saben lo que hacen,  proponen y se empeñan en establecer el Socialismo del Siglo XXI.

Debemos de tener en cuenta, que para los socialistas, la toma de las distintas instituciones del Estado, sólo les asegura el poder político, pero el poder real es determinado por la economía y es hacia allí, hacia donde están enfilando con empeño, sus baterías. Y en todo momento pretenden engañarnos con los términos que nos son comunes: la subsidiariedad y el Estado benefactor como producto de la justicia social.