LA NUEVA REALIDAD LEGISLATIVA Y EL PAPEL DE LA
OPOSICIÓN
Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
San Salvador, 9 de abril de 2013.
La Diputada Claudia Ramírez
García, ha renunciado a su partido ARENA, y, esta renuncia ha tenido tres efectos
en la política nacional: legislativo, político y dentro de ARENA.
Su renuncia ha sido la
gota que ha inclinado la balanza legislativa,
la cual poco a poco se había ido inclinando en contra de la oposición,
hasta nulificar la capacidad de negociación política de la oposición, como
unidad política (fracción legislativa y autoridades partidarias). Y digo
capacidad de negociación, pues se ha visto que, el freno del voto calificado,
es un mito, pues en última instancia, siempre se le ha concedido lo solicitado
al ejecutivo o a las pretensiones del bloque oficialista, pues este tipo de
negociación, constituye la base de la gobernabilidad. Lo que sí, puede ser
cuestionable, es lo negociado.
El poder político que se ha formado hoy en el país: Asamblea, Ejecutivo,
Corte Suprema, Consejo Nacional de la Judicatura, Fiscalía, Procuradurías y
además, es seguro que la Corte de Cuentas también quede bajo esta línea, crea
malestar y preocupación en la sociedad civil, pues queda sujeto el país a las
autoridades, no del Gobierno, sino de las cúpulas partidarias que han realizado
una gran alianza, por sobre sus propias ideologías, en su afán de consolidación
de su poder.
Para explicarse esta situación,
debemos estudiar tres fenómenos que han tenido que confluir: El primero de
ellos, es la capacidad de las cúpulas partidarias para llegar a acuerdos, de
gobernabilidad, lo cual, no hubiese sido posible, sin la capacidad del FMLN para ser práctico, pues posee una visión política muy a largo plazo y, la
capacidad del Ex Presidente Saca, de identificar las necesidades de cada uno de
los principales actores políticos: codicia, poder o venganza; satisfaciendo a
cada uno su necesidad, a cambio de una lealtad relativa.
En segundo lugar, está
la incapacidad de ARENA para poder mantener la lealtad de sus miembros, pues la
lealtad en la política democrática, se forja por medio de la identificación de
principios ideológicos comunes, alianzas internas, trabajo intrapartidario y
sobre todo, tolerancia a las opiniones discordantes, que no traspasen aspectos
ideológicos. Se hace esta observación, pues durante la Edad Media, la lealtad al
Rey y al señor feudal, se daba por gracia divina, pero el liberalismo, rompió esa
justificación de poder, siendo substituida por el consenso,
lo cual implica que el liderazgo viene de la aceptación general y no, de
una imposición superior. Esto también tiene que ser reconocido por los grandes
financiadores de los partidos políticos, a riesgo de que su aporte económico,
sea un despilfarro.
La tercera es la incapacidad
de acción de la sociedad civil, de expresar su malestar a los partidos
políticos: sus acciones de denuncia, han
sido siempre espontáneas, sentidas y de corta duración, lo cual, frente a la
institucionalidad de los partidos, sólo produce un “dejar pasar” el
descontento, para que sus decisiones, traducidas en Actos de Gobierno, queden
en firme.
Considerando lo dicho,
se advierte que es necesario, hacer el siguiente planteamiento: El poder
partidario en el Gobierno es sólido, las cúpulas partidarias, han cerrado filas
entre sí, para defender sus intereses. Ningún partido político, será una
oposición a este nuevo sistema, ya sea por conveniencia o por que carece de la
capacidad legislativa para oponerse. Esta situación, en que hay una aplanadora
legislativa, sin contralorías gubernamentales, plantea una institucionalidad
muy deficiente, que va a afectar la inversión extranjera, la nacional y forzará,
dentro de muy poco tiempo, a una nueva reforma impositiva, la cual es
claramente contrario al desarrollo económico nacional.
Si se insiste en llevar
a la práctica la retórica de arenga partidaria, de emprender demandas contra lo
que no conviene, ya sea Diputados declarados independientes, Sala de lo
Constitucional e incluso, contra los analistas y periodistas independientes,
sólo se conseguirá crear una inestabilidad aún mayor de la que ya tenemos, pues
esos recursos y acciones, sólo crearan un fuego efímero sobre el problema, sin
resolverlo.
Es hora de que la sociedad civil, juegue su verdadero
papel de contralor democrático y constitucional, sin caer en la tentación de la
Democracia Participativa, pues tal solución, sólo ayudaría a que el poder sea ejercido por quien
controle las masas, organizadas en barrios y cantones. La presión de la
sociedad civil, tiene que ser constante, sin atacar a ningún punto en
particular sino, al estado de CORRUPCIÓN POLÍTICA a que ha llegado nuestro país.
Debe denunciar cada acto que salga a la vista, de forma continua, pues de lo contrario, si
las cúpulas partidarias, no ven así, en peligro su poder, en las próximas
elecciones y posteriormente en las de Diputados y Alcaldes, no habrá una
reacción favorable a los intereses nacionales.
Mucho se ha hablado del
maletín negro, los que lo han tenido en sus manos, no lo denunciarán y los que
lo han visto, no lo denuncian por considerarse con techo de vidrio y los que lo
han visto pasar y no les ha llegado, no lo denunciarán, pues esperan su turno.
Los Diputados, son los llamados a esa denuncia pública, pero no lo hacen; lo
hacen cobardemente, en privado, aduciendo no tener pruebas, pero a estos
diputados que así actúan, los elegimos y les dimos fuero, para que, en base a
este fuero, ejerzan nuestra representación política y no, que sirva como
protección para casos de embriaguez o de trafico de droga o de disparo de arma
de fuego.
Nuestro sistema político, ha dejado de ser democrático, ahora
es una oclocracia cleptocrática, y sólo la sociedad civil, mediante la presión
social, ejercida por ella, es la única que puede enderezar a buen rumbo este
país.
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