Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 30 de
junio de 2013.
Puede parecer una exageración,
el calificar de amenaza al mundo libre, el fenómeno de las pandillas. Más, débese considerar que, éste es un fenómeno
social que está desarrollándose en los
países del mundo libre, en los cuales, los salvadoreños, han encontrado
protección a su inmigración; en dichos países, las pandillas salvadoreñas, han
podido establecer relación con las pandillas de los países en donde se han
asentado, especialmente, con las de origen latinoamericano, logrando de este modo, una virulenta expansión y, estrechando su relación
con el narcotráfico internacional,
ofreciendo para esta relación, su dominio territorial y además, si estudiamos
detenidamente la evolución de las pandillas, comprobamos que éstas, utilizan en
su favor, las reglas y fines bienhechores
del Estado en donde se encuentran, para obtener ventajas inimaginables, hasta el
grado de obligar al desplazamiento de los ciudadanos dentro de su propio país,
creando de este modo, desplazados, en su propio territorio, fenómeno que muy
pronto, se dará y podrán comprobar en otros Estados, pues en el nuestro, ya es
practica común.
En cifras dadas por el
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el mes de junio, son cerca de
660,000 personas que viven de la extorsión y de las actividades ilícitas,
realizadas por las pandillas. Lo cual en un momento, hizo al Presidente Funes,
decir que se podría pagar cerca de $ 700.00 a cada pandillero, (más de tres
veces el salario mínimo de un trabajador honrado), para que pudiese ser reinsertado a la vida
dentro de la sociedad, a cerca de los 120,000 pandilleros. Si bien es
verdad, que no hay relación entre un
bien material, frente a la vida de un individuo, el sólo considerarlo, es
estímulo para que los pandilleros que no se han acogido la tregua, no lo hagan
todavía, en espera de lograr mayores beneficios, en la medida en que vayan
probando su relación de fuerza.
Otro fenómeno a
considerar, es el efecto económico del control territorial por las pandillas.
En días recientes, el FONDO NACIONAL
PARA LA VIVIENDA POPULAR (FONAVIPO), declaró su incapacidad para cancelar su
deuda, razón por la cual, el Estado tuvo que contraer una deuda más, para
adquirir fondos de inversión de las diferentes previsionales de pensiones. Si
examinamos con detalle la razón de la mora de esa institución, encontramos que
la mayoría de sus activos extraordinarios problemáticos, están dentro del
territorio controlado por las pandillas, territorio que sus legítimos dueños
han abandonado forzadamente, siendo sus deudas irrecuperables, pues el daño
sufrido y su ubicación, las sitúa fuera del sistema comercial. Es alarmante y
sobrecogedor leer en los periódicos de mayor
circulación que, los propietarios
prefieren entregar las llaves de su vivienda e irse, antes de acudir a la
policía a denunciar el hecho delictivo: es más fuerte el miedo a la
pandilla, que su confianza en las
autoridades.
Notoria ha sido la
complicidad del Gobierno salvadoreño, pruénbalo: los reclamos del Fiscal General
de la República, a la no ejecución de órdenes de captura a estructuras
pandilleriles, por el General David Munguía Payes, que se desempeñaba como Ministro
de Justicia y Seguridad Pública, la escandalosa aparición de los máximos cabecillas de las pandillas en la televisión,
exponiendo a la nación, sus puntos de vista, con la venia de del Director de
Centros Penales y del Director de la prisión donde éstos habían sido recluidos,
la relación formal del Ejecutivo con los pandilleros, al nombrar como sus
negociadores, al Obispo Castrense, Mons.
Fabio Cilindres y al ex guerrillero Raúl Mijango, ambos pagados con
fondos públicos. Esta probada complicidad, es producto de la conveniencia de
las autoridades salvadoreñas, de utilizar esta fuerza en su beneficio político,
sin que importen las posibles consecuencias
que su conducta pueda producir en el plano internacional y dentro del Estado
salvadoreño, a un mediano plazo. Las pandillas han comprobado la posibilidad
efectiva de doblegar a un gobierno, sin que éste pueda prever y parar las
consecuencias.
Sin embargo, las cifras
espeluznantes dadas por el Gobierno son cuestionables, en apariencia, pretenden
dar al problema, una mayor dimensión de
la que tiene en realidad, pues las cifras dadas, no son resultado de censos
reales y científicos, se basan más bien, en estimaciones y probabilidades que
prueban, la incapacidad que tiene el
Estado para penetrar la realidad de estas estructuras delincuenciales. Y, por
otra parte, los funcionarios del Gobierno, pretenden demostrar que la única
solución es una “negociación” entre dichas entidades de pandillas y el Estado,
por lo cual, el Estado acepte y se comprometa a cubrir sus necesidades
materiales, sin que se establezca, por parte de las pandillas, ningún
compromiso en alivio y seguridad de la sociedad y, en razón de la cual, sea
posible especular sobre su posible lealtad política, en primer término y,
después, ejercer control territorial.
Una de las dificultades
para conocer el verdadero número de los pandilleros, es la imposibilidad de infiltración
en la pandilla y la cobertura que les dan sus parientes, quienes indirectamente, se lucran de los beneficios
obtenidos por éstos, llegando a compararse con la estructura insurgente de la
guerra irregular vivida en los años 80’s. Otra dificultad para combatir a las
pandillas, es el tratar a sus miembros como “delincuentes”, lo cual implica la individualización
del “acto ilegítimo”, haciendo colapsar al sistema de justicia salvadoreña.
Forzosamente debe prevenirse que la pandilla crezca en
número, es decir, que haya cada vez más
pandilleros, pero este es un proceso largo y tendido, en el cual
la familia del pandillero y la sociedad entera, se
involucren, no con dinero, sino inculcando la moral y el civismo. No se trata
sólo de prevenir, sino de erradicar el problema, pues los salvadoreños, están siendo
desplazados de su propio suelo por las pandillas, lo cual generará, no sólo una
mayor emigración hacia los Estados Unidos y Europa, sino también otros
problemas, como la utilización de las pandillas en la política, lo cual, la Policía Nacional Civil, es incapaz de
evitar y en el cual las autoridades Militares de El Salvador, prefieren no
intervenir, por conveniencia también política: en conclusión, este es un
problema que desbordará en todos los lugares hacia donde la pandilla tenga
ramificaciones.
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