JUSTICIA SEÑOR PROCURADOR

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 24 de enero  de 2016.

A veinticuatro años de firmados los acuerdos de paz y, de promulgada la Ley de Amnistía, se ha puesto un velo histórico sobre dos hechos que aún no han sanado y excluidos del Informe de la Comisión de la Verdad: los lisiados por minas y los asesinatos cometidos por el Comandante Mayo Sibrián, el “Carnicero de la Zona Paracentral”. Estas dos situaciones, exigen  una investigación  y dictamen del Procurador de los Derechos Humanos; precisamente, por su papel de defensor del pueblo y  capacidad de investigación irrestricta, que se deriva de su papel moral dentro del Estado y la naturaleza no vinculantes de sus Resoluciones.

De la Fuerza Armada, existen dos mil ochocientos treinta lisiados , otros tres mil treinta y ocho lisados que registra el Fondo de Protección de Lisiados de Guerra; sin embargo, por el número de prótesis donadas, es muy probable que su número ascienda a poco más de ocho mil personas, todas ellas, víctimas de las minas “quita-pié”.  Así, el número total de lisiados de guerra (por diferentes causas) excede los treinta mil.

Se utilizaron las minas quita-pie para provocar el colapso de servicios médicos del Estado, degradar la moral de las tropas y desplazar a los civiles. De estas minas, los efectos más comunes son: amputaciones de miembros inferiores, mutilaciones en genitales, lesiones musculares y en órganos internos. Aunque El Salvador se ha declarado libre de minas desde el año de 1994, Ladmine Survivors Network de El Salvador, ha reportado, como el último caso registrado formalmente  en Quezaltepeque, en el dos mil cinco, a un joven   que fue lesionado por una mina, en la periferia de un antiguo campamento guerrillero. Además se han detectado cincuenta y tres lugares con minas aún no desactivadas y que, no han causado más víctimas, porque sus habitantes ya no recorren esos lugares.

El dos mil diez,  El Salvador, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,  propuso una Resolución contra el uso de minas terrestres, e informó que había destinado para ello, en El Salvador, diecinueve millones y medio de dólares (sin detallar su destino) cantidad aún no percibida por las víctimas; pero, a lo que me refiero, es al trauma psicológico de las víctimas, que aún esperan una explicación ¿por qué se emplearon tales artefactos, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario? ¿Podría la Comandancia del FMLN, satisfacer esa pregunta? El único que puede presionar dicha respuesta, es el Procurador de los Derechos Humanos.

Entre 1986 y 1991,  en el Frente Paracentral, el Comandante Mayo Sibrian asesinó a poco más de tres mil personas: un mil combatientes eran de las FPL y el resto, civiles, sin que importase edad y género, todos sufrieron en común: el salvajismo previo a su muerte, por las torturas infringidas y  debido todo, a la paranoia de la infiltración: era el  manual de Mayo Sibrian, un libro sobre la Guerrilla de las Filipinas, que fue destruida por la inteligencia militar contrainsurgente.

Goyo (Parada Andino), en un extenso reportaje publicado en El Faro, da los detalles de su investigación sobre tales asesinatos, investigación ordenada por el Comandante Leonel, quien ignoró tal reporte. Mayo Sibrian dijo al momento de ser fusilado por las FPL, que todo había sido bajo la autorización de la Comandancia de las FPL - Lorena Peña y Salvador Sánchez Cerén, eran miembros de dicha comandancia-.

Miles de familiares de tales víctimas, aún quieren saber el destino de sus deudos, cuyos restos  deben de ser identificados; los registros de sus asesinatos, deben tenerlos la antigua comandancia de las FPL. Por los altos cargos que hoy tienen Salvador Sánchez Cerén y Lorena Peña, sólo pueden ser interpelados en tal sentido, por el Procurador de los Derechos Humanos: es el único que puede satisfacer  a las víctimas que proceden de las FPL y que, aún otros comandantes de los grupos que conformaban el FMLN, lamentan aún, la muerte innecesaria de sus camaradas y hoy, es el momento actual en  que pueden colaborar efectivamente con dicha investigación.

Es obligación del Procurador de los Derechos Humanos, investigar estos casos y, de no hacerlo,  obligará a las víctimas, a recurrir a otras instancias, exigiendo  Habeas Corpus en favor de las víctimas aquí en El Salvador o, en el extranjero, en Tribunales de Derechos Humanos.