LA DESTRUCCIÓN PLANIFICADA DE NUESTRO SISTEMA

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 14 de enero  de 2016.

Muchos de los diferentes fenómenos que estamos viendo, son resultado de una concepción filosófica e ideológica, derivada de la Justicia Transicional; que tiende a cambiar nuestro tradicional sistema de vida y su escala de valores. No hay dirección humana unificada detrás de los acontecimientos que vivimos diariamente en El Salvador,  pero sí conceptual, que se desarrolla por igual en toda Latinoamérica. Adaptándose a las peculiaridades y diferentes hechos históricos de cada país.

La Justicia Transicional, es creación de las investigaciones de los académicos norteamericanos Samuel Huntington, Philippe C. Schmitter y el argentino Guillermo Alberto O´Donnell, quienes consideran que debe de existir un mecanismo que enfrente a las víctimas con el victimario, para la reparación de los daños sociales producidos por los efectos de una dictadura. Estas ideas, están  inspiradas en los Juicios de Núremberg y Tokio y atribúyanle raíces, en la Democracia griega. Sin embargo, la estructuración práctica y los principios jurídicos de la Justicia Transicional, son desarrollados en la obra conjunta intitulada: “JUSTICIA DE TRANSICIÓN Informes de América Latina, Alemania,  Italia y España”, patrocinada por la Konrad Adenauer Stiftung, bajo su programa Estado de Derecho para Latinoamérica

La Justicia Transicional,  pretende la combinación de estrategias judiciales y no judiciales, para la reparación a las víctimas de las violaciones a sus Derechos Humanos,  la preservación de la memoria histórica y las reformas a las Fuerzas Armadas,  las policiales y todo poder físico, con que cuente el Estado. Todo lo cual hace necesaria la persecución de criminales, la creación de comisiones de la verdad y, otras formas de investigación del pasado violento. Como una derivación de estos principios, se ha desarrollado la Justicia Restaurativa, que contiene principios penales que se basan en la explicación sociológica de los actos lesivos a la sociedad  pero, a diferencia del Derecho Penal tradicional,  la reparación es hacia la sociedad e incidentalmente, a la víctima, bajo el principio de la tolerancia y la no violencia contra el delincuente. Pero para que ésta justicia sea aplicada, desarrolla valores nuevos y propicias condiciones sociales (sobre todo económicas) que puedan generar un cambio estructural dentro de la sociedad. Esto puede ser apreciado en el estudio intitulado “La Justicia Transicional en América Latina: Desarrollo, aplicación y desafíos”,  escrito por Esteban Cuyá, y publicado el 31 de julio de 2011 por Menschenrechtszentrum (NMRZ).

En El Salvador, la UCA ha sido la promotora de esta nueva tendencia,  lo que puede ser apreciado, en el documento intitulado “EL SALVADOR: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN Deudas históricas con las víctimas y la sociedad” De todo lo anterior se derivan tres situaciones concretas  1) la persecución a militares 2) la tregua con los mareros y 3) crear las instituciones políticas y sociales que sean un coadyuvante a las políticas ya trazadas. Para que estas tres grandes vertientes puedan darse y consolidar una nueva estructura social, se necesita: a) callar a los diferentes medios de comunicación, poner un freno al libre pensamiento en las redes sociales y b) doblegar la estructura económica que pueda ser oposición directa o sostener a la oposición política.

Por todo lo anterior, puede deducirse que los militares reclamados por España, abrirán el camino para el enjuiciamiento de Cristiani y posiblemente de Francisco Merino, como representantes del poder político de la época. Al establecer la ilegitimidad de las acciones del Estado de El Salvador en su defensa, durante el conflicto armado, legitima la de los alzados en armas; lo cual tiene dos implicaciones: i) una excusa de inculpabilidad ( en un sentido jurídico) en sus crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra cometidos en El Salvador y ii) establecer la obligatoriedad del Estado de El Salvador a la reparación pecuniaria de los alzados en armas, además de extender la responsabilidad  de los actos de guerra a todos los estamentos de la Fuerza Armada, que participaron en el conflicto.

A crear esta nueva realidad han contribuido Mauricio Funes, pidiendo perdón por los hechos del Mozote y planificando muy detalladamente junto con algunos Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la apertura de un nuevo proceso, sobre parámetros jurídicos de la Justicia Transicional, aún a violación del principio constitucional de la prohibición del doble juzgamiento; y las resoluciones judiciales, en los casos de los señores jesuitas, de los Generales Vides Casanova y García y, del Coronel Montano.

La tregua con los mareros, está enmarcada dentro del concepto de Justicia Restaurativa, pues su violencia, es atribuida al rechazo hacia ellos, de la sociedad;  además de su responsabilidad por la marginación, debida a la falta de recursos económicos. Daño que será reparado por la gestión gubernamental, con fondos de la empresa privada, complementado con  ayuda internacional.

Los ataques cibernéticos contra La Prensa Gráfica y, la acusación policial contra El Diario de Hoy, por Apología del Delito, tienen como fin, acallar a los medios de comunicación escrita, así como la amenaza de retirar los derechos al uso del espectro radiofónico, para permitir sólo las opiniones congruentes con la línea política gubernamental. Es parte de esta campaña, restringir el uso de las redes sociales, filtrando su contenido, mediantes leyes restrictivas, por sanción penal o  de censura, según sea la propuesta de ley.

El objetivo de todo esto es el cambio de la estructura social y de valores tradicionales, basados en los principios liberales (libertad económica, libertad política y libertad religiosa). Para ello, se estimula desde Casa Presidencial, la creación de “Asambleas Populares” y se propone que éstas tengan un papel político,  para poder luego ejercer una función legal. Marco Rodríguez, desde  Casa Presidencial, propuso en abril del 2015,  que los planes de seguridad,  fueran sometidos a un “plebiscito” en base a las Asambleas Populares. Las Asambleas Populares han sido un instrumento de presión y organización paralela a la de los opositores y ahora, en Venezuela, son una amenaza para el poder legislativo en manos de la oposición.

La UCA ha patrocinado la creación del Tribunal de Justicia Restaurativa y del 26 al 28 de marzo del 2014, se llevó a cabo este proceso, en la ciudad de Victoria, Cabañas, por la masacre de Santa Cruz. Hecho acaecido en 1981 y fue presidido por: José María Tomás y “Tío” (magistrado y presidente de la Fundación por la Justicia de Valencia, España) y José Ramón Juániz (abogado y miembro de la Asociación de Juristas Demócratas de Valencia); las brasileñas Carol Proner (doctora en Derecho Internacional por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y coordinadora del Programa de Derechos Fundamentales y la Democracia de UniBrasil) y Suelli Aparecida Bellato (abogada y vicepresidenta de la Comisión de Amnistía de Brasil); Belisario dos Santos (exsecretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de São Paulo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas de Brasil); la estadounidense Angelina Snodgrass Godoy (socióloga y catedrática de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos); y la abogada salvadoreña Paula Cuéllar.

Debemos de tener conocimiento de esta nueva realidad a la cual ha entrado El Salvador y si creemos en los valores tradicionales de  libertad y Democracia representativa, deberíamos de presentar una oposición,  pues parece que el pasado conflicto armado aún subsiste en nuestro país.