Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 22 de
agosto de 2016.
Siete recomendaciones
ha hecho el FMI pero en sentido opuesto, va la voluntad política del Gobierno.
Dichas recomendaciones tienden a crear la estabilidad económica y desarrollo
sostenible del país, pero los compromisos internos, previamente adquiridos por
razones electorales, ideológicamente justificadas, hácenle imposible
cumplirlos; creyendo además, que las entidades internacionales, financiarán
indefinidamente a un gobierno quebrado y,
adverso al sistema económico global.
Las recomendaciones del
FMI tienen por objeto evitar un mayor endeudamiento, equilibrar el gasto
público y que pueda alcanzarse cierto grado de desarrollo sostenible. El
Gobierno proclama que es su propósito cumplir esas metas, pero prácticamente, hace
todo lo contrario. No puede cumplir con
dichas recomendaciones, por los compromisos adquiridos con los sindicatos
leales al Gobierno, pero en los próximos días, posiblemente veremos huelgas en
los ramos de educación y salud por el incumplimiento de acuerdos salariales.
El Gobierno acaba de
firmar un nuevo contrato colectivo de
Trabajo con CEPA, teniendo en perspectiva, las nuevas utilidades, derivadas de
las mejoras en el aeropuerto Monseñor Romero. El Ministerio del Trabajo está
promoviendo, un aumento salarial, dentro de la empresa privada y además, el
cambio en las dirigencias de los sindicatos, para crear una estructura sindical
afecta al Gobierno, sobre la base de ofrecer el aumento del salario mínimo.
Esto traería, como consecuencia, una pérdida en la competitividad de nuestras
exportaciones y, una inflación interna.
La corrupción en el
Gobierno es generalizada: desde el otorgamiento de licitaciones a empresas
allegadas a políticos del FMLN, hasta utilizar los fondos públicos, para gastos
de alimentación y de adornos de sus casas particulares. Los fondos públicos son
vistos como inacabable fuente de recursos propios, lo cual determina la calidad
moral y cívica de dichos funcionarios, que desprecian cualquier regulación, con
el argumento de que poseen el poder que se les dio al ser electos y, cualquier
recomendación en contra, es tomada como un desafío a dicho poder.
La gobernabilidad
dentro de la Asamblea legislativa, tiene también visos de corrupción: en los
siguientes meses, por el pacto de entendimiento entre el FMLN y GANA, el FMLN
que desempeña por ahora la presidencia
de la Asamblea Legislativa, tiene intenciones de incumplir dicho pacto, tal
como lo hizo durante la legislación pasada. Por esta razón, GANA, por
ahora, votará en favor de las propuestas
de ARENA que no perjudiquen al FMLN. Esta posición impide que se tomen acuerdos
sobre responsabilidad fiscal, sobre los grandes temas económicos del país o,
sobre créditos y pensiones.
La presidencia de la
Asamblea Legislativa implica que quien
la ejerza, tendrá acceso irrestricto a poco más de $ 60 millones del presupuesto
legislativo y, plena libertad de contratación de empleados. En la presente
legislatura, se han contratado seiscientos nuevos empleados, que de hecho, son
activistas políticos del Gobierno.
Ya es imperativo que se
llegue a un acuerdo sobre la responsabilidad fiscal y se cumplan las
recomendaciones del FMI, primero políticamente y luego, dentro de la Asamblea
Legislativa. La capacidad de endeudamiento del país llegó ya, al límite, pero
los economistas que hoy asesoran al Gobierno, ven en esta crisis, oportunidad para administrar los fondos
privados de pensiones, poner más restricciones a la banca privada y
posiblemente, desdolarizar, en la creencia de que dichas medidas van a
reactivar la economía nacional, pues dejaría de ser atractivo para la inversión
extranjera y surgiría la de los países “amigos” y así, luchar contra el
imperialismo y la globalización. Estos
sueños absurdos, nos llevarían al caos, a la ruina económica, al desastre.
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