Los setenta y un homicidios
del fin de semana pasada, han sido a causa de las luchas de las Maras entre sí
y, de la fuerza pública contra ellas. Lucha ésta, que ya no es sólo territorial,
sino también política, estimulada por la corrupción gubernamental
presente y no cesará, hasta que se logre
entre las partes, un nuevo equilibrio de poder.
Las Maras fueron
consideradas como fenómeno meramente
delincuencial, hasta mediados del Gobierno de Francisco Flores, cuando la inteligencia
policial, predijo que podrían llegar a ser una amenaza a la Seguridad Nacional;
pero tomar acciones más fuertes que las que se tomaron en ese momento, hubiese
tenido un costo político impensable y, obligado a una reorientación de la
política nacional. Por su parte, el FMLN ya había tenido buenas experiencias
con la Mara, desde la ofensiva de
1989, cuando incorporaron a la Mara
Gallo de Mejicanos, a la insurrección armada.
Durante la campaña de
Mauricio Funes, estas estructuras se incorporaron como elemento político a la
vida electoral, pues se hizo creer a sus
líderes, que su condición de pobreza era a causa de la exclusión social,
resultado del sistema capitalista y que, sus acciones de fuerza (asesinatos)
eran legítimos contra un sistema injusto. Esta plataforma política, planteada
por Funes y el FMLN, ha sido la base para la lucha que hoy se desata, pues se les tomo como fuerza política y.
conscientes de ello, se disputan dicha preeminencia entre sí y contra el
Estado.
Las Maras se están disputando
el control territorial, su población y
sus recursos, pretendiendo influir electoralmente, sin estar sujetas a la
Democracia, sino a la fuerza. La tregua pactada por el Gobierno y, ejecutada
por el General David Munguía Payes, no fue sólo un acto de traición, sino de
responsabilidad directa, de la extinción de la soberanía nacional en gran parte
del territorio nacional y del desplazamiento interno de más de 120,000 salvadoreños, a los que la Fuerza
Armada y la PNC, han ayudado a evacuar,
para evitar confrontaciones con la Mara y ésta, lo consideró como la cesión
del territorio en su favor.
La Justicia
Transicional explica que, de un Estado en
guerra, debe llegarse a la estabilidad democrática, mediante el castigo
de los hechos pasados pues, la amoralidad y pérdida de valores humanos de un
conflicto, continúan en el período de paz subsiguiente. Tal es lo que estamos
sufriendo: el FMLN cometió Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, hoy
su corrupción generalizada, incita a otros a matar. Antes se exigía el impuesto de guerra, hoy son, la renta del marero y el excesivo impuesto
del Estado. Hoy el marero mata incitando por ideas políticas y el Gobierno
compra las voluntades con dinero del Estado.
El Salvador no se ha recuperado aún de la guerra. Síguese
manteniendo una lucha política que destruye al país y se ha vuelto al uso de
las armas, en un conflicto social. El
Salvador debe decidir el modelo
económico político que quiera: liberal o comunista, pero dentro del marco
democrático, sin la disputa territorial de las maras o, la utilización política
de las mismas.
Sólo la salida del
poder de la dirigencia del FMLN, puede
asegurar esa transición: la estructura militar del conflicto, está en retiro, la
Democracia Cristiana, como estructura política del conflicto, ha desaparecido. ARENA,
que firmó la paz con ellos, es hoy oposición. Sólo la misma cúpula del FMLN que
tuvo la conducción política de la guerra, es la que tiene el poder actualmente en
El Salvador y, sigue usando los métodos de antaño: crímenes contra el Estado y
corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario