Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
La libertad de expresión es garantía individual,
consagrada en el Art. 6 C.P, pero su función no sería posible sin la libertad
periodística, la cual tiene sus principios regulados en la libertad de
imprenta, establecidos en la Ley de Imprenta. La mera información de los
acontecimientos políticos sin los comentarios políticos, carecerían de forma y
sentido, para la opinión pública y no podría funcionar la discusión propia del
sistema democrático: trabaría el sistema en favor de quien lo pudiese
manipular.
Las amenazas a la libertad periodística son múltiples;
debe considerarse que esta libertad, se mueve siempre sobre una delgada línea
gris, en una extraña y difícil relación, entre el ser y el deber ser: debe
decir la verdad y orientar la opinión pública, pero sin el deber de probar los
hechos, con la rigurosidad judicial, ni exponer sus fuentes.
Esta función pública ha tenido en nuestro país y en
corto tiempo, sus casos emblemáticos: La Prensa Gráfica, cuya página fue
clonada, para que perdiese su credibilidad, Sergio Méndez, que fue expulsado
del canal, en donde desarrollaba un exitoso programa de entrevista y hoy, Will
Salgado, por denunciar la corrupción en el pasado Gobierno.
La Prensa Gráfica no logró justicia, pues si bien
quedó en claro su integridad, están libres los responsables de la clonación de
su página. Sergio Méndez, aún tiene su programa de entrevistas, en un medio
diferente. Falta ver el desarrollo de la demanda contra Will Salgado.
Nace toda presión hacia los medios de comunicación, desde
el momento preciso en que se señala los abusos de poder, ya sea del Alcalde
capitalino, del Presidente de la Asamblea o un Ministro de Seguridad. La
naturaleza propia de la Democracia, obliga a quien ejerza un cargo público a
estar bajo el escrutinio público, pues sus acciones personales o privadas,
pueden tener en cierto momento, una incidencia en su vida pública.
Jurídicamente, puede separarse el cargo de la persona, de la persona misma,
pero en la realidad, no es así y por tal razón existe Probidad, que revisa las
finanzas personales del exfuncionario y, se le obliga a declarar su patrimonio
antes y después de su función y, esta investigación llega hasta su familia.
Los políticos se esfuerzan mucho por ocultar su
corrupción o su relación con las pandillas y el crimen organizado y, sólo
mediante la labor periodística, puede crearse la suficiente presión pública para
que los casos sean investigados. Si no fuese por esta, Funes y Saca aún
estarían recibiendo honores por haber sido presidentes y, no se habría
concluido, que los finiquitos entregados por la Corte de Cuentas, carecen de
fundamento. Se exige al medio, que cumpla con la rigurosidad judicial, pero el
funcionario mismo, oculta la información y ocupa la presunción de inocencia,
para protegerse del escrutinio público.
Para presionar a los medios de comunicación, hay
muchas formas: imponiendo impuestos al papel, encareciendo su funcionamiento,
cambiar las frecuencias, censurar programas, presionar para que no le den
espacios pautados, etc.
La libertad de expresión y la labor periodística, son
columna vertebral y médula del sistema, por lo que, en la medida que estas
puedan ser presionadas y se pretenda manipularlas, así será el grado de
autoritarismo que se viva en el país. Una democracia no es mero conglomerado de
personas, es el funcionamiento de las voluntades individuales, dirigidas hacia
el bien común que no podrá alcanzarse, sin la discusión, generada por los
medios de comunicación.
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