EL RADICALISMO ECONÓMICO

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 4 de enero de 2015.

En modelo político en El  Salvador quedó establecido con los Acuerdos de Paz de 1992, pero no así, su modelo económico el cual es hoy origen del radicalismo y el cual, en un momento determinado, puede cambiar el sistema político de El Salvador.

El modelo económico que se disputa actualmente, ha sufrido algunos cambios con respecto al concepto clásico del socialismo: “economía dirigida y supresión de la propiedad privada”. El debate es hoy sobre la “responsabilidad social de la empresa” y “la redistribución de la riqueza, por deuda histórica”. Dos conceptos que aparentemente, no implican el desaparecimiento de la propiedad privada, pero sí definen y condicionan su uso, y muy peligrosamente, estigmatizan su origen y su disfrute individual, lo que en definitiva, no implica apartarse de los conceptos originales de Marx y de  Engels.

En la  radical visión del FMLN, la responsabilidad social de las empresas debe  afectar hasta la totalidad de sus utilidades y patrimonio,  para el sostenimiento de las necesidades del Gobierno y de la población en general, conforme a la visión social del Estado. En la práctica, el sistema, implica mantener los programas sociales como un medio de redistribución de la riqueza y la forma de pagar “la deuda histórica” que, por generaciones se debe a los “explotados”. En cambio, la oposición liberal, ve  a la empresa, como  medio de trabajo, para la superación individual y progreso  colectivo, contribuyendo al  sostenimiento del Estado y cumpliendo así mismo con el principio de subsidiariedad.

La primera diferencia conceptual en este debate se refiere a la subsidiariedad y al asistencialismo; en el primer caso, el Estado ayuda a los que no pueden valerse por sí mismos, de conformidad con las posibilidades presupuestarias del Estado; en el segundo caso, el Estado, debe asumir el mantenimiento del individuo  para compensarlo de la marginación y explotación sufrida ancestralmente, por parte de la clase dominante. Una diferencia en apariencia sutil, pero profunda de interpretación cuando lo llevamos a la práctica.  Su diferencia  está en su aplicación, es la coercibilidad, extensión y origen de la ayuda. La diferencia de los métodos es radical pues, mientras el Estado busca la legalización de esta responsabilidad, por medio de la coercibilidad legal, las empresas, pretenden la aplicación voluntaria de los principios del Cooperativismo y Solidarismo.

La responsabilidad social corporativa (RSC) también denominada responsabilidad social empresarial (RSE), se define como “la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, con el fin de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido”.

La Responsabilidad Social Corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando por descontado, el cumplimiento de la legislación laboral. En este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente, son el punto de partida de la responsabilidad empresarial. El cumplimiento de la legislación, no es parte de la Responsabilidad Social, es parte de las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir para poder realizar su actividad.

Está la tercera diferencia, los fondos que dan origen a las empresas privadas  y a las para – estatales o partidarias. En las primeras, son capitales eminentemente privados, de los cuales se espera no sólo un retorno de la inversión sino también un rendimiento directo; en la segunda, provenientes de dineros públicos o de fuentes extranjeras, con fines geopolíticos  (El típico ejemplo de las empresas para – estatales o partidarias, son las empresas ALBA), que si bien se rigen formalmente, por las reglas del Código de Comercio, son diferentes sus finalidades: todas sus utilidades y capital constitutivo, son puestos al servicio de un fin político, lo cual, a todas luces es contrario a los principios de la legislación mercantil.

En el discurso de apertura de la Legislatura 2012 -2015, el Presidente Sigfrido Reyes dijo: “Tenemos pues el reto  de buscar alternativas políticas y económicas que nos permitan despegar hacia un desarrollo más endógeno, acorde a la realidad y necesidad social, tal y como lo han iniciado países de economías emergentes en América Latina y El Caribe”. Las alternativas, a las cuales se refiere el Diputado Reyes, es el desarrollo endógeno socialista, puesto en práctica en Venezuela y que fue el inicio de la quiebra económica de sus grandes, medianas y pequeñas empresas. En El Salvador, aún no se ha puesto en práctica dicho sistema (no desde la confiscación, pero sí desde la dependencia del productor para con una fuente de financiamiento), pues implicaría un cambio en la estructura económica, la cual  está aún en discusión, pero que ya ha dado  sus primeros frutos: un desincentivo en la inversión privada externa y la venta a socios extranjeros, de las empresas salvadoreñas; especialmente, las controladas por el gran capital tradicional (Banca).

El modelo endógeno socialista, lejos de incentivar la producción, la desincentiva, pues se pierde su espíritu privado, estimulando el trueque y el asistencialismo, que  lo hace,  cuando ya se han agotado sus propios  recursos, imposible de sostener. Las primeras sesenta y cuatro empresas endógenas venezolanas, hoy en día, ya no existen.

Se centra hoy,  la lucha ideológica, en el modelo económico y  no en el político, razón por la que dicen muchos que la lucha ideológica, carece de sentido en El Salvador; sin embargo  no es así, pues si el país saliese adelante, sería gracias a la buena práctica empresarial, basada en el principio de la Responsabilidad Social Corporativa, que además de estimular el incentivo privado, estimula la economía en las diferentes cadenas: vertical y horizontal. Aún en la actual crisis, las diferentes empresas, han aportado cerca de seiscientos millones de dólares en responsabilidad social, una cantidad igual a la que se anunció que aportaría ALBA al país, pero eso sí, en concepto de préstamo.

La capacidad de inversión social de las empresas, no puede ser atribuida al Estado, debido a que el asistencialismo de éste, tiene visión estrictamente política y no humanista, además sería fuente de corrupción y despilfarro, tal como lo han demostrado ser, las distintas investigaciones periodísticas; y es que la tentación de usar el erario público para fines diferentes del que se concibió originalmente, es sumamente  tentador, para quien o quienes ejercen el poder y posee el control de las distintas instancias de la contraloría pública.

Esta lucha ideológica, no es comprendida aún, por la oposición política y, los partidos pequeños, para tratar de conseguir votos, ofertan una mezcla de asistencialismo con libertad empresarial, lo cual es imposible de cumplir, a no ser, por vía de un mayor endeudamiento o con alguna fuente de ingresos estatales, diferente a la de la recaudación fiscal vía impuestos, como tal sería una renta petrolera o una, de alguna otra fuente siderúrgica, de la cual carece el país.

Mientras persista esta lucha económica, será imposible realizar una reactivación económica pues se permite un mayor campo de acción para las empresas para – estatales o partidarias y, en consecuencia, la emigración hacia los Estados Unidos será mucho más numerosa y de irreversible solución.