Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 14 de
enero de 2015.
En el 2014, en disputa
de control territorial y sometimiento de la población civil, fueron asesinadas
3,942 personas que y la policía no sólo fue incapaz de defender sino que algunos miembros fueron
víctimas de la terrible vorágine. Ya no es momento de dedicar tiempo a dirimir
la responsabilidad de tal aflictiva situación: si fue la tregua, impulsada por
Mauricio Funes y el FMLN durante su Gobierno, o si fueron causantes las políticas de Mano Dura de los gobiernos
anteriores. Hoy, la cuestión es: ¿tiene el Gobierno la capacidad de recuperar
los territorios dominados por las maras y, voluntad para actuar?
La respuesta a dicha
pregunta, revelará la visión política que
el Gobierno tiene del difícil fenómeno y de cómo ha de enfrentarlo. Debe considerar primero
su número: existen 60, 000 pandilleros, pero además, dependen de ellos 400,000
personas que indirectamente se benefician
del control territorial que
mantienen las pandillas, y por eso les dan “apoyo logístico y operacional”. Hay
que considerar también, que el control territorial de las maras, puede superponerse
al poder del Estado, hasta cierto punto y, traspasado este límite, el poder
menos fuerte, sería es desplazado, considerando que en este caso, el menos fuerte es el del Estado. Y lo último
a considerar, es la fuerza efectiva que el Gobierno tiene, para ejercer su coacción
a las pandillas.
Se tiene la impresión de que el Consejo de Seguridad Nacional de
Seguridad Ciudadana y Convivencia, creado como ente consultivo, está más
preocupado “ por la inclusión del mayor número de instituciones” y del
presupuesto que manejarán (El Pastor Carlos Rivas manifestó que necesitaban $
1,850 millones para contener la violencia, y que podrían lograrse en base a préstamos
internacionales, donaciones, presupuesto y aportaciones de la empresa privada),
su planteamiento en cuanto a las líneas de acción son vagas e indefinidas, pues
lo único que se afirma es que se invertirá en educación, en prevención y en
crear 250,000 nuevos empleos. Sólo para su funcionamiento, el Consejo reclama $200 millones de dólares. Esta
petición paree ser, más bien, un nuevo
negocio de quienes han sido designados a constituir parte de este Consejo y una
distracción política de las obligaciones que le corresponden al Ejecutivo, en
cuanto a la política de Seguridad Pública.
Si damos fe, a las
declaraciones del Director de la PNC, en cuanto a que los asesinatos de
policías se debe a la “respuesta contundente de la PNC en su lucha contra las
pandillas”, cinco policías asesinados en trece días, comprobamos la
total ineficacia de la Policía Comunitaria, pues dichos asesinatos son para el
desalojo de todo policía que habita en la zona que opera la pandilla (los
policías han sido asesinados en sus domicilios, durante el tiempo de descanso),
la función de inteligencia de la Policía comunitaria, es precisamente detectar
todo movimiento delictivo de la pandilla, ya sea para prevenirlo o proceder a
su inmediata desarticulación. Esta situación ha permeado la integridad de la
policía y cada vez son más comunes los procedimientos contra sus
agentes, en delitos relacionados con las pandillas.
Por todo lo expuesto, concluimos
que no existe una política clara para combatir el poder de las pandillas y podemos
así, predecir con claridad, lo que
sucederá a futuro: observamos que las pandillas están utilizando los antiguos
campamentos de los guerrilleros de la época de la guerra y que, ya en grupos de
diez o más, están poniendo retenes de asalto en las carreteras.
La necesidad que tienen
los institutos políticos, de solicitar “permiso” a la pandilla para poder
realizar proselitismo, es un indicio alarmante de la situación en que se vive
en las zonas controladas por las pandillas. Ese control, no sólo afecta a la
política, sino también a la producción, que
debe pagar renta para poder laborar, pues de lo de lo contrario, se pierde una
fuente más de trabajo.
Por esta situación se acrecienta la emigración hacia los Estados Unidos y
además, envía un mensaje negativo al inversor extranjero y el nacional, busca
otros países más estables para realizar sus inversiones.
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