POLÍTICA, TERRORISMO Y LEGITIMACIÓN

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 2 de enero de 2015.

Si un grupo se impone a una población por medio del terror, dicho acto nominase  terrorismo; más, si tal condición es aceptada por la generalidad de la población y más aún, los candidatos políticos proceden de los grupos terroristas, forzosamente se legitima a éstos. Este proceso se está verificando actualmente en El Salvador: son las acciones de las pandillas, con la colaboración y participación en los partidos políticos,  los que contribuyen a la legitimación de este estamento delincuencial.

Mauricio Castro Santamaría, candidato a diputado por San Salvador, por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), reconoció que su relación con una de las facciones de la Mara 18 (la tendencia Locos Revolucionarios)  es “una realidad”, aunque sí negó ser uno de sus miembros; sin embargo, los denunciantes, son de su mismo partido, según lo afirma el periódico digital ElBlog, con fecha 29/12/2014, aunque el candidato afirma que la denuncia proviene de otro partido político.

Si un miembro de la mara o un allegado a dicho grupo es electo, se concreta el fenómeno de la “legitimación” de la delincuencia, pues ésta elección, es prueba de su influencia política y  de la aceptación general de la mara, en dicho lugar (el voto residencial contribuye a este fenómeno). Pues si un grupo terrorista, como lo es la Mara 18 o la MS (con todas sus variantes y diferentes ramas) ha logrado que se la acepte socialmente porque es “una realidad”, se la ve como “normal”, dentro de la sociedad y, más aún, cuando pretende que sus miembros, participen de un partido político, para poder  por vía de elección popular, ocupar cargos públicos.

Para poder evitar las candidaturas de este tipo, sería necesario presentar su impugnación ante el TSE, con las correspondientes pruebas de su participación en Asociaciones Ilícitas, y además, de una condena en tal sentido por Tribunal competente. Y como ni los denunciantes van a iniciar un proceso judicial, y ni la nota periodística siquiera tiene autoría reconocida, más que “la Redacción”, todo para proteger la vida de su autor y la de los denunciantes. En consecuencia, desde una punto de vista práctico, no hay forma de evitar candidaturas de este tipo, y más aún, cuando esto beneficia al partido político para aumentar su caudal electoral.

El candidato de GANA, recientemente cuestionado, reconoce la colaboración dada en campañas anteriores al FMLN y PDC, lo cual claramente perfila su falta de ideología política, pero no la de actuar con el interés de   servir a un partido a cambio de algún beneficio a la “comunidad” (o grupo delincuencial) a la cual pertenece. En las campañas pasadas, las pandillas han sido parte de la estrategia partidaria de todos los partidos políticos. Pero ahora ya no sólo se les “utiliza”, sino que se les “incluye”, lo cual implica para éstas, un mayor grado de poder: de ser electos, legitimarán la participación de dichos grupos, dentro de la estructura del Estado.

Este fenómeno de legitimación del terrorismo, no es nuevo: ya se vio en Colombia cómo el paramilitarismo y el narcotráfico, penetraron las estructuras partidarias, hasta que sus candidatos fueron electos. Y aún hasta hoy, queda la duda de si el triunfo del ex -  Presidente Uribe, fue libre de la colaboración del paramilitarismo. Sucede hoy lo mismo, en los altos de Guatemala, en donde las pequeñas municipalidades, se encuentran en manos del narcotráfico, por haber ganado sus candidatos, las elecciones.

Aún existen tres peligros más: uno, es la negación del Gobierno del FMLN, de la existencia de la mara como estructura organizada, con poder político; otro, es el  cambio de la mara en su organización: si se sigue tratando a esta como una estructura de crimen organizado (cuyo poder es inferior al policial) jamás se le podrá controlar, y necesidad  de la mara de salir de las ciudades hacia el campo, para ocultarse en campamentos y aumentar su dominio territorial, es signo visible de su crecimiento en número y de su nueva estructura, la cual no puede ignorarse, pues está relacionada con la distribución de la droga al menudeo. El tercer peligro, es el poder económico que poseen los mareros, a raíz del dominio territorial, por lo cual es justo afirmar que su recaudación es “predial”, considerando que lo que se renta es el “lugar productivo”.

La visión sobre las pandillas como la presentada por la Iglesia Luterana en el documento Declaración de la Iglesia Luterana salvadoreña sobre la tregua entre pandillas, publicado el 16 de julio de 2013, en Radio Cadena Mi Gente, dice “Las pandillas tienen poder territorial, económico y social. Pero esto no se les reconoce para temerles ni para asegurarles poder político, sino para incluirlos como parte activa en el proceso de pacificación social. No se les puede ignorar, no se les debe marginar. Son interlocutores que han dado un paso en un rumbo esperanzador. Para desmovilizar este poder se deben crear alternativas de vida y producción. Pero no como formas folklóricas de sobrevivir y asistencialismo, sino como una reestructuración de medios de producción y de trabajo”. Es  justificar el crimen y la delincuencia de las pandillas y aceptar sus actos delictivos como una “fuente de derecho” que es necesario legitimar, mediante la aceptación general.

El problema actual de las pandillas, es que su poder es tal, que tiene  capacidad de frenar la economía y controlar grandes segmentos del poder público,  lo que es contrario a cualquier política de desarrollo nacional, tendiente a evitar la emigración de los salvadoreños.