Y CONTINÚA SANGRANDO LATINOAMÉRICA

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 17 de marzo  2016.

Durante la Guerra Fría y por más de cuarenta años, Latinoamérica sufrió duro desangramiento por los intereses de los países poderosos y el cual continua hoy,  en sus escasos recursos que son sorbidos, sin escrúpulo alguno, por quienes se benefician de sus conflictos pasados y procuran que éstos persistan, ya no en las montañas, valles y ciudades, sino en los Tribunales Internacionales a los que, por política interna, favorecen los Gobiernos  que endeudan gustosos al país,  para lucro de los extranjeros, privando al nacional, hasta de las medicinas y la asistencia social. Débese comprender que no sólo con la muerte se sangra a un país, sino también, con la expoliación de sus recursos; y siendo este proceder mucho más grave, sino se hace con recursos propios, sino con préstamos, que deberán pagarse a elevados interés y por las generaciones venideras.

Dicha expoliación se ha dado en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y  hoy, en Guatemala y El Salvador. Los beneficiados son el mismo grupo de querellantes que, afirmando luchar por la memoria histórica y por los derechos de los más humildes, logran su propio beneficio, sin importarles a quienes expolian. El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco, Estados Unidos, tiene una actividad repetitiva en estas demandas y una participación activa, en la elaboración de los informes de las distintas Comisiones de la Verdad, que han sido creadas en Latinoamérica, para utilizar  dichos informes, como  base de sus querellas. Su participación no es directa en muchos casos: litigan por medio de organizaciones locales a saber, la Asociación Pro Derechos Humanos  española, con sede en Madrid y el IDHUCA,  con sede en San Salvador, estas  para el Caso Jesuitas. Situación similar encontramos en Guatemala en las querellas contra militares y contra el Gobierno de Guatemala.

Podría citar muchísimos otros casos,  pero hoy me refiero  exclusivamente, a la condena contra el Estado de El Salvador por la CIDH, con sede en San José, Costa Rica,  por el caso del Mozote, en diciembre del 2012. Por  falta de pruebas, el proceso no avanzó durante once años; pero por órdenes expresas del Presidente Mauricio Funes, el Estado de El Salvador, aceptó todos los cargos, declarándose culpable y, aunque no hay una lista oficial de víctimas, se reconocen 440  cuyos familiares son acreedores a una indemnización. Existe además, un anexo presentado por la  oficina de Tutela Legal del Arzobispado, con un total de 1061 víctimas, cuya existencia tampoco fue objeto de  escrutinio o cuestionamiento. En total,  se calculó que el Estado de El Salvador, deberá cancelar a las víctimas, indemnizaciones que suman en total 17.7 millones de dólares. Que pueden aumentar en un futuro, si hay más personas que se atribuyan dicha calidad. En este caso, el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) y el IDHUCA fueron los querellantes que percibirán por ello, parte de dichas indemnizaciones.

En la primera Sesión Plenaria de la Asamblea Legislativa, correspondiente al mes de marzo, se aprobó un préstamo de once millones de dólares, destinando dos millones para el FISDL y otros dos millones para la Cancillería. El dinero destinado al FISDL, es para pagar compensaciones del pasado conflicto armado,  sin haber especificado un destino concreto y,  el dinero a Cancillería, es para el cumplimiento de la condena del Mozote.

Existe un hermetismo tanto en el FISDL como en Cancillería, sobre el destino de estos fondos y mucho menos está obligado, ni daría información el IDHUCA, de los honorarios cobrados o compartidos con el CJA.

Luego de la reciente condena a militares guatemaltecos, el interés se ha centrado en saber cuánto va a pagar el Gobierno de Guatemala a las víctimas, monto que cubrirá con creces lo invertido por los querellantes, en dicho proceso. Ahora que se ha dejado de comprar medicinas para los salvadoreños,  que ya no hay dinero para pagar las pensiones,  se privilegia a quienes alteran la paz interior y se lucran del dolor y la miseria de sus defendidos. Es hoy cuando el IDHUCA, los querellantes españoles y nuestra Cancillería, deberían de explicar en qué nivel humano consideran a los salvadoreños: si como hombres y mujeres  liberes o como ganado a explotar, volviéndose parte de una maquinaria transnacional de explotación humana.