Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 3 de
marzo 2016.
Los salvadoreños, veteranos del conflicto armado y las víctimas
de la ilegítima agresión armada e intelectual, sufrida durante la Guerra Fría,
desarrollada en Latinoamérica, deseamos paz, perdón y olvido. La misma
población, que ha servido de modelo en las Naciones Unidas, por su capacidad de
poner fin y recuperarse satisfactoriamente, de un conflicto fratricida, la que se
ve hoy, alterada en su tranquilidad, por las ansias de venganza y lucro
personal, de ideólogos inescrupulosos que amenazan la paz interna de los pueblos libres
y es lo que hoy está sucediendo en nuestro país: la pretensión de captura de 17
militares en situación de retiro, es una afrenta a la sociedad salvadoreña y a
la comunidad internacional, porque pretenden llevarnos a un retroceso social la
Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
1. No ha habido ni un
asesinato político desde 1992, pero sí,
persecución y cárcel para quienes participaron en el conflicto armado y
voluntariamente depusieron las armas, cumpliendo a cabalidad los Acuerdos de
Paz de Chapultepec. Hoy, el Alto Mando militar de aquel momento, es perseguido
físicamente ¿Quiénes realmente atizan la polarización y provocan inestabilidad?
¿los que defienden los Acuerdos de Paz con la amnistía que conlleva o, los que
se abocan a causas fenecidas e invocan una justicia que sólo ellos reclaman, abrogándose
un derecho y sentir social que no existe en el pueblo salvadoreño?
2. La amnistía es el
instrumento para poner fin a todo conflicto armado y evitar un derramamiento innecesario
de sangre. Este instrumento es considerado legal por el Derecho Internacional
y, más aún, cuando ha sido avalado por las misma Naciones Unidas. La amnistía,
no sólo permite la paz, sino también que sus participantes tomen el camino de
la lucha política partidaria, en elecciones libres para lograr sus aspiraciones de cambio social, lo cual, ha permitido que el FMLN, con su
anterior dirigencia de las FPL, en su estructura de guerra, llegue hoy al poder, ya en su segundo período
y, permitiendo que haya existido una transición pacífica y armoniosa entre las
anteriores fuerzas en conflicto. Ha amparado la amnistía a 408,000 personas
entre ambos bandos, dándoles estabilidad y seguridad jurídica.
3. El perdón que ofrece
y reclama la Compañía de Jesús, consiste en juzgarlos bajo la autoridad del Estado,
condenarlos, encarcelarlos y obligarlos a una cuantiosa reparación económica de
los daños, primero pagadera por los participantes y luego, por las arcas del
Estado, lo que de ninguna manera es un perdón.
4. El imperio del Derecho
lleva en sí mismo, la aplicación de la justicia, pero incomoda a quienes no ven sus deseos
satisfechos. Hoy, el Derecho salvadoreño, ampara a toda persona que realizó
hechos de sangre, durante el pasado conflicto armado. Sin embargo, la enseñanza de los Juicios de Núremberg, es
que también son responsables los ideólogos
que siembran ideas aberrantes en la sociedad, y que permiten la justificación
de un conflicto armado, como quedó evidenciado en el “Juicio a los Jueces”;
igual conducta es atribuible a Ignacio Ellacuría y los otros sacerdotes jesuitas
que, desde la cátedra de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,
atizaron con sus doctrinas, el fuego de
nuestro conflicto armado, convirtiéndose en referentes estratégicos, para la
justificación del conflicto.
5. Las capturas y la petición
de extradición, son cuestión estrictamente jurídica, pero que se encuentra manipulada
políticamente. Nadie puede negar el peso
político de la Compañía de Jesús en el mundo y, es ese mismo peso, el que incita a torcer la justicia en su favor.
Ya la Revolución Francesa estableció el principio de separación del poder eclesiástico
del terrenal y, en nuestro suelo quedó formalmente roto, desde la Constitución
de 1886; sin embargo, no basta el establecimiento
formal de esta separación de poderes, debe ser efectivo y quedar claro, por los
acontecimientos que se están dando, que
ese poder, aquí en el país, ha sido retomado por la Compañía de Jesús, por lo que la defensa de los militares hoy
perseguidos, sea una causa aún más grande, que la solicitud de justicia bajo la
aplicación de la ley vigente. Obliga a que nuevamente se luche por la
separación de poderes y que fue iniciada en nuestro país por el Capitán General Gerardo Barrios y retomada
por infinidad de juristas y activistas políticos liberales, a través de nuestra
historia.
La obligación de todo
militar, luego de jurar ante la bandera, es defender la integridad del territorio
nacional y las leyes vigentes, en una obediencia
absoluta al poder civil, y conforme las órdenes
de sus superiores, “aún a costa de sus vidas”. Y es situación que ha vuelto al
servicio activo de la patria, a quienes ya llevan más de veinticuatro años en
situación de retiro, pues militar nunca han dejado de ser, pues militare se es
por profesión y por convicción, lo que
les da un derecho propio de ser militares, luego de prestar juramento a la bandera de la República de El
Salvador.
6. La muerte de los
señores jesuitas, se dio dentro de un conflicto armado, en el cual ambos bandos, pretendían eliminar las estructuras del mando enemigo, no circunscribiéndose
el conflicto sólo a los combatientes. Pensar que sólo los soldados deben morir,
es un concepto militar derivado de la Edad Media, que establecía una clara
diferencia entre el noble y el villano, y
que se cambió durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos; por esa razón, el Derecho Internacional
Humanitario, sólo protege a quienes no combaten, realizan acciones pastorales o
labores médicas. La labor de Ignacio
Ellacuría y sus compañeros nunca fue una labor pastoral, sino teológico- política.
7. Todo salvadoreño conoce la verdad sobre
nuestro pasado conflicto armado, pues la mayoría de la población adulta lo vivió;
puede haber diferentes opiniones sobre el mismo y no necesita saber más sobre
él, pues hoy se tiene la aflicción de un
promedio de veintitrés asesinatos diarios, más una grave crisis económica. El
Salvador, no necesita remover su pasado para conocerlo, pero hay quienes aún
viven en él, aunque son los menos, pero recogido
y atizado su odio social, por la persistencia de la Compañía de Jesús y de la
misma, los querellantes a sueldo. El Informe de la Comisión de la Verdad fue
elaborado por extranjeros, no por
salvadoreños y, encontramos en el tiempo, que las mismas organizaciones que en
su elaboración trabajaron en El Salvador, son los que han participado en Chile,
Argentina, Perú, Ecuador y Guatemala, siempre como activistas políticos, lo
cual desmerece las opiniones vertidas dentro de dicho informe y más aún, cuando
se presentan constituyéndose clandestinamente, en Tribunales Internacionales,
para la Justicia Restaurativa en El Salvador.
8. La actuación del
Gobierno al respecto, deja mucho que desear. Se está dejando manipular por la
Compañía de Jesús, cediendo a la presión de sus querellantes y rompiendo los
principios penales y legales de nuestro país, denegando la justicia a sus ciudadanos.
9. El Procurador de los Derechos Humanos, ha
actuado como un activista político y no, por velar los intereses difusos del pueblo salvadoreño;
todas sus apariciones públicas giran en derredor a la Justicia Transicional y
la Justicia Restaurativa, viendo de menos el alto número de homicidios y el
reclamo público de los servicios de agua y sanidad.
10. El imperio de la
justicia como el fiel cumplimiento de la legislación vigente, es lo que
necesita el Estado de El Salvador y no, revivir un un conflicto fenecido que ya no es nuestro,
sino de mentes que nunca lo vivieron y pretenden ser los redentores de El
Salvador. El poder político de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
subsiste por su activismo político, recogiendo las últimas chispas del pasado
conflicto armado, las cuales hay que extinguir ya, en beneficio de las
generaciones futuras.
Audi alteram partem
(Escucha a la otra parte) Para juzgar con imparcialidad, es preciso oír la
defensa después de la acusación.
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