Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La economía criminal, es
un conjunto de actividades económicas, del mundo ilegal, que guardan relación,
con el financiamiento de estructuras delictivas, de alto rédito económico y, con
diferentes formas de violencia y corrupción; su influencia, moldea y determina
los acontecimientos políticos, por sobre las ideologías y el Bien Común.
La reciente captura en
México, de pandilleros (el “Crook” y otros más), puso al descubierto en El
Salvador, la influencia del crimen organizado, en las estructuras formales de
poder. Su liberación excede la influencia de un Juez de la causa o, del sistema
penitenciario. Y responde su liberación a altos intereses económicos, de
naturaleza delictiva, que, determinan la política en El Salvador y, el proceder
de su institucionalidad actual.
Según voz populi y así se
asegura en el extranjero, la razón del pacto con las pandillas se debe a la
manipulación del sistema político, en favor de estos intereses. Según estudios,
el pacto con las pandillas, iniciado con Mauricio Funes, ha pasado por varias
etapas: la primera: en utilizaron como un elemento político y de justificación
ideológica, que captara los votos para un triunfo eleccionario y asegurar, al
crimen organizado, su libre acción en el territorio, hasta llegar al control de
acciones gubernamentales. Existe ahora, una asociación entre Gobierno y crimen
organizado.
Un ejemplo, es el régimen
de excepción, que ha capturado a pandilleros, pero dejando aún en libertad a
43,000 de ellos, por encontrarse acorde con el oficialismo o éste, acorde con
los intereses de las pandillas. Encarcelando a muchos inocentes para preservar
las aparencias. Sin embargo, los beneficios económicos del crimen, logrados con
dicho pacto, al correr del tiempo, son insostenibles: al ser la delincuencia un
modo de subsistencia en crecimiento y, degradar las condiciones nacionales, en
aras de mantener la apariencia de normalidad (Miss Universo, la inauguración de
la Biblioteca Nacional y una presa hidroeléctrica) no han podido satisfacer las
necesidades sociales, razón por la cual, se aprecia un resurgir de las extorsiones
y delitos menores, que están relacionados, con el patrimonio.
El ocultamiento de
hallazgos de fosas clandestinas o, las noticias falsas, como el anuncio de que
el Banco Mundial ha otorgado un crédito de $ 200 millones para la
reconstrucción de los mercados de Santa Ana y San Miguel (se recomienda
ingresar a la página web del Banco Mundial, donde no se hace mención a dichos
préstamos, pero sí, a un crédito para el mejoramiento vial, otorgado antes de
la actual situación económica del país). Toda esta publicidad, basada en
noticias falsas, no oculta la realidad del país: que la política del Gobierno, está
dirigido según los intereses del crimen organizado.
Los diferentes controles
que pudiesen establecerse, sólo funcionarían si los intereses del Estado estuviesen
dentro del Estado de Derecho, persiguiendo el Bien Común, pero si el mismo
Estado, es el que está al servicio de una economía criminal, es imposible que
los controles de lavado de activos, puedan funcionar o, sólo funcionan, según
sea el interés de los grupos criminales mayoritarios.
Prueba de ello, es la
adopción del Bitcoin, como moneda de curso legal, pero sin estar sujeta a
ningún control. La propaganda es que es para dinamizar la economía, lo cual no
ha sucedido, pero sí nos ha acarreado sanciones por su adopción, y permite el
lavado activos y, el financiamiento del terrorismo.
La falta de
financiamiento estatal, como pago de la deuda política, para dinamizar la
actividad política, ha sido sólo para los partidos de oposición, mientras que
los oficialistas si lo tienen, pero al indagar sobre sus fuentes, puede
apreciarse que no vienen del gobierno, sino de otras fuentes o directamente,
del crimen organizado.
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