Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN, consiste en la
capacidad de los pueblos, para decidir sobre su destino político. Incluye decidir
sobre secesión o unificación y determina el grado de conformación de las
instituciones. Este principio se encuentra en el Artículo 89 de la Constitución:
es principio universal de Derecho Internacional.
El presente Gobierno, desde su inicio, ha insistido en
que, la voluntad popular, expresada de manera pública, en las encuestas y redes
sociales, legitima los actos públicos, aunque estos impliquen, un rompimiento de
la Constitución. Tal argumento, ha servido para el cambio institucional, en
cuanto a sus funciones de fondo, cambio que ha permitido la remoción de la Sala
de lo Constitucional, el Fiscal General de la República, el decreto perpetuo de
régimen de excepción y, el nombramientos de extranjeros, como delegados
presidenciales etc.
Las candidaturas de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, a la reelección,
permaneciendo ambos en el cargo y, la posibilidad de que un pariente, sea nombrado
como Designado Presidencial, sólo es posible, porque lo justifica la aceptación
popular, convirtiéndolo, en una figura supraconstitucional, no acorde con ningún
principio constitucional moderno: excede el derecho a la libre determinación,
invocada por el presidente Bukele, en reuniones diplomáticas y alocuciones
públicas.
De cualquier manera, no es reconocida por la libre determinación
de los pueblos, la posibilidad de cambiar la forma de Gobierno - apegada al
republicanismo y la democracia, expresada en un Estado de Derecho - por otro distinto,
que disminuye los derechos inalienables de la persona, como la vida y la
libertad, de los cuales, depende la existencia, de otros derechos, como la
integridad física y la propiedad privada.
La pretensión de reelección, tiene la finalidad de
legitimar a posteriori, un Gobierno, que ha hecho de su estructura política,
integración con el crimen organizado: así esta elección presidencial, posee una
dimensión, mucho mayor que la reelección.
Una estructura política, protectora de los mareros,
que utiliza la fuerza, como forma de control social y, el ocultamiento de
información, como medio de manejo de los fondos públicos, fuera del control
institucional y, de la opinión pública, carece de la moralidad propia del
funcionario, que pretende reelegirse, utilizando la formalidad de la elección.
En condiciones como las que vive El Salvador, las
elecciones, carecen de valor político, pues se solicita una votación, que puede
ser controlada por los mareros y en segunda instancia, se pide que la Fuerza
Armada, sea política y el Ministro y Director de la PNC, han jurado lealtad al
presidente y no, a la República.
Las acciones de los paridos opositores, son de ceñirse
a los procesos legales, pero no respetados por el oficialismo, lo cual impide
una campaña en igualdad de condiciones, por la que, el resultado de las mismas,
es dudoso, en cuanto a la legitimidad que pretende lograr el Gobierno.
La inscripción a la reelección, de Nayíb Bukele y
Félix Ulloa, carece de la moralidad y legalidad necesaria, que exige la ley,
pues un pacto con las pandillas, para darles protección y que sus delitos en el
extranjero, no puedan ser perseguidos, es lo que se esta decidiendo hoy en El
Salvador. La libre determinación de los pueblos, no puede legitimar al crimen
organizado, ni servir de justificación, para que el ciudadano, pierda sus
derechos anteriores y superiores a la existencia del Estado.
Léase el Artículo 1, del PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. (ONU, 1966) y se entenderá el engaño jurídico del
presente Gobierno.
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