Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 3 de
mayo de 2015.
La Sala de lo
Constitucional es un ente contralor apolítico (en sentido estricto) cuya única misión,
es la preservación y aplicación de los principios constitucionales, de acuerdo
a la evolución del Derecho. La oposición política por su parte, debe velar por los principios ideológicos que la
llevaron al poder, en su aplicación práctica de gobernabilidad y prudencia
política: aplicación de los mismos principios ideológicos, de acuerdo a las
necesidades concretas del gobernado y ejerciendo un contrapeso o contraloría
política (en sentido amplio) al poder del partido gobernante.
La Sala de lo
Constitucional actual, fue electa durante una coyuntura política muy particular:
era necesario un equilibrio entre la oposición y el Gobierno de Mauricio Funes
con el FMLN. El Gobierno aprobó, en tal circunstancia, el nombramiento de los
actuales cuatro Magistrados, entendiendo que, por su formación y trayectoria jurídica,
además de que por su relación con la UCA, aplicarían los principios sostenidos
por la izquierda, asegurando así una línea política favorable al FMLN. Por su
parte, la oposición veía que estos cuatro
nuevos Magistrados, no participaban activamente en la política partidaria del
FMLN ni de ningún otro partido, no contando
por consiguiente, con una “fuerza política propia” y siendo sus ambiciones personales
dentro del sector justicia exclusivamente, factor que en un momento dado podría hacerles “manipulables”. Ambas fuerzas,
Izquierda y Derecha cometieron afortunadamente, grave error de apreciación.
Pudo comprobarse que
los Magistrados eran capaces de ser
independientes política y judicialmente.
Sus resoluciones que no han satisfecho a muchos, han dado prioridad a las resoluciones
políticas, en detrimento de las presentadas por los ciudadanos “comunes”. Sin
embargo, sus resoluciones políticas, han
sido en tiempo y sobre todo, en aplicación de los principios constitucionales,
siguiendo una interpretación histórica evolutiva del Derecho, lo que, en definitiva, mantiene nuestro orden
constitucional en permanente actualidad.
En sus últimas
resoluciones políticas, la Sala de lo Constitucional, al ordenar el proceso de elección, ha atacado
a intereses comunes del Gobierno y de la oposición, en beneficio del elector:
la capacidad de decisión, mediante acuerdos interpartidarios, sobre las
distintas fases del proceso electoral de El Salvador, siendo este proceso, la
causa de que el Gobierno la ha emprendido contra la Sala de lo Constitucional,
amenazando directamente con el uso de la
fuerza, mediante la movilización de
masas en su contra, para demostrar un repudio popular a sus resoluciones,
pretendiendo restar con esto, legitimidad a las resoluciones. Esta tendencia de
acumular el poder en manos del FMLN, es muy peligrosa, pues pone a El Salvador,
en peligro de convertirse en un país totalitario, siendo esto tanto más probable,
cuando la oposición misma, hace causa común con el Gobierno, para limitar el
ejercicio de contraloría constitucional, de la Sala de lo Constitucional.
Cuando ARENA ha
afirmado que, en la presente legislatura acompañará a la Izquierda en el
estudio de la Ley de Procedimientos Constitucionales, con el propósito de limitar la potestad de la
Sala de lo Constitucional, y reafirma que
lo principal, es que haya consensos entre todos los partidos políticos, deja
de hecho, este partido, de ser una oposición
política: los ciudadanos salvadoreños comprueban, que el último baluarte de
contraloría de poder, es derribado por quienes hoy recibieron su voto. Las manifestaciones contra
el Decreto 743, podrían repetirse y, aunque en aquel momento, fueron auxiliadas
por la estructura de ARENA, no quiere decir que no pueda repetirse e, incluso
en contra del mismo ARENA, por no considerarlo ya, oposición política verdadera.
La oposición política se realiza mediante la denuncia contra la acumulación de poder por
parte del contrario y dar mejores propuestas a las que ejerce el Gobierno, pero
luego de ver la aprobación de un mayor endeudamiento, la ampliación de los
plazos para el ejercicio de los cargos públicos, el acuerdo para que los
funcionarios no electos devenguen un salario, y ahora ver una posible alianza
para limitar la contraloría de poder desde el órgano judicial, cabe la pregunta
¿Dónde está la oposición?
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