Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
En
un ya iniciado período electoral, bajo Régimen de Excepción, que impide la
libertad de expresión y la libre movilidad, es imposible el desempeñó normal de
un partido político. Y si el Gobierno, monta un aparato publicitario, para
inducir a la violencia, en favor del régimen y se fomenta el miedo generalizado - que no se refleja en
las encuestas-, puede afirmarse que es imposible que hayan elecciones libres,
pero aun así, necesario es que exista competencia electoral, para conformar la
cohesión nacional necesaria, para enfrentar por medio de la resistencia
pacífica, los cambios que impondrá, por vía de la fuerza el autoritarismo
gubernamental, en la política interna y, en nuestras relaciones internacionales.
Las
recientes publicaciones del periódico digital “El Faro”, sobre documentos hackeados
al Gobierno, revelan las irregularidades en las detenciones, durante el actual
Régimen de Excepción, pues al no existir seguridad jurídica, la persona queda
al arbitrio del “juez de la calle” (el policía o el soldado que patrulla), a
decir del director de la Policía, quien decide sobre su detención; la cual
puede durar, dos años, en su etapa preliminar.
Esta
situación, puede provocar sanción internacional de Derechos Humanos y,
configurar la “responsabilidad del mando”, que sería tramitada en instancias
internacionales, con deducción de responsabilidades: no alivia en el presente, a quienes sufren la
prisión arbitraria y que sirve, de ejemplarización o efecto “disuasorio, para
no contradecir la línea oficialista”, lo cual finalmente, impide el libre
ejercicio democrático. La necesidad de “El Faro”, de emigrar a Costa Rica,
seguramente fue motivada por la falta de libertad de expresión y el temor
personal, de quienes conforman dicho medio; clara señal de la imposibilidad de
realizar elecciones libres.
La
manipulación de la deuda política, deja a los partidos políticos, sin
financiamiento, dependiendo de la capacidad de sus candidatos o, de las
aportaciones particulares, que luego tendrán que ser registradas en la
contabilidad formal y, serán utilizadas, para dirigir alguna forma de presión
gubernamental, que afecte al donante, por lo que no puede haber elecciones
libres.
La
amenaza contra la iniciativa o actividad privada es doble, pues al disminuir el
espacio político, disminuye la libre iniciativa privada y con ello, la
productividad, lo cual pone en riesgo la existencia de ésta y las fuentes de
trabajo, disminuyendo los ingresos del Estado que, sin los controles propios
del Estado de Derecho, ejercidos dentro del sistema republicano y democrático,
favorecen la corrupción y estimulan al Estado, a que entre en un proceso “confiscatorio”.
Prueba
de ello, es la reforma de pensiones, que le ha dado liquidez momentánea al
Estado, sin que se resuelvan los problemas del pensionado. Ahora se toman los
ahorros particulares, mediante la compra de SETES y LETES por los bancos, sin
la plena seguridad del pago.
La
autorización de monedas digitales por el Gobierno, no es aceptado por la población,
pero por ser un negocio particular del Gobierno, este continua, pero sus
efectos negativos, iniciales, ya se sienten: la alta calificación de riesgo
(intereses mas altos) y la imposibilidad de reestructurar la deuda externa (que
ha obligado a que la única fuente de financiamiento del Gobierno, sea interna)
ya pesan sobre nuestra economía y se manifiestan en la disminución de la
calidad de la alimentación.
Un
video juego, de combate a las pandillas, patrocinado por el Gobierno, que se
asemeja al comic “Super Putin”, busca generar violencia social contra un grupo,
volviendo la muerte, un juego. Sólo fomenta la violencia, en una sociedad ya
violenta.
Todos
estos cambios políticos y sociales, nos conducirán a un cambio geopolítico, en
alejamiento de los países democráticos y de su bonanza económica.
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