Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Las
ofertas de campaña, del presente Gobierno, giraban en derredor de la
estabilidad política; corregirían la anterior corrupción y, potenciarían la
inversión extranjera, satisfaciendo las necesidades sociales: la justicia
social, alcanzaría a todos y, habría un asistencialismo efectivo, con los
ingresos estatales aumentados, por el bienestar económico. Dicha bonanza
económica, permitiría que las empresas y Gobierno, cumpliesen la función social
correspondiente -superior a la exigida por la ley- y, que sus empleados, fuesen
igualmente beneficiados. Para lograrlo, era necesario una mayoría en la
Asamblea Legislativa y, el alineamiento del Poder Judicial y del Ministerio
Público, bajo una misma visión o autoridad, del Ejecutivo.
Sin
embargo, esto no ha sido así. Pero el régimen de fuerza, construye una imagen
de estabilidad, la cual, no existe en la realidad. Esta situación debe de analizarse,
en base a estudios econométricos.
La
estabilidad política, es conforme al desarrollo económico y éste, se logra
mediante la gobernabilidad: “el equilibrio en el ejercicio del poder político,
derivado de la solución de demandas sociales y, la capacidad de los Gobiernos
de atenderlas, en forma eficaz, estable y legítima”. Estas condiciones, no se
están realizando en El Salvador, pero la apariencia de la conformidad y satisfacción
de las necesidades sociales, se mantiene, en base a la propaganda. Esta
ficción, puede romperse en cualquier momento.
La
estabilidad política, se mide conforme al nivel de educación, el grado de
democracia, la libertad económica y la calidad de infraestructura, pues todas juntas
aumentan y sostienen la estabilidad política, mientras que el nivel de
corrupción, centralización y autoritarismo, la disminuyen.
En
un país inestable, el riesgo es mayor y, aleja la inversión, encareciendo el
crédito, que frena la inversión interna. Ejemplo, ha sido Argentina, que posee
inmensas riquezas naturales, pero su inestabilidad y corrupción, la ha llevado
al colapso económico, mientras que a Japón, cuya estabilidad, luego de la
Segunda Guerra Mundial, sin recursos propios, le ha hecho, una potencia
económica.
Esta
relación se ve clara en la crisis mexicana de 1994, que desde 1982, aumenta la
presión financiera, en cada elección presidencial, hasta el desencadenamiento
de una crisis generalizada. Esto puede servir de ejemplo, del fenómeno que
estamos viviendo.
Las
medidas políticas y populistas del Gobierno, no han permitido que se negocie la
deuda pública adecuadamente, lo que ha cerrado las puertas económicas, para que
el país logre una estabilidad económica, pues la corrupción del mismo, crea una
sangría innecesaria a las arcas públicas. La corrupción, obliga a disminuir la
capacidad de asistencia pública o subsidiariedad. Un ejemplo es la supresión de
los beneficios del veterano, medicinas al sistema de atención medica pública,
sobrecargar al Seguro Social (estableciendo su inviabilidad en muy poco
tiempo).
La
apariencia de estabilidad, se ha hecho mediante un pacto con las pandillas, el
cual se mantiene si persisten dos condiciones: se mantiene el dinero, desde el
Estado (en sus diferentes formas de beneficios) y en el libre tránsito de droga
y tráfico de personas, en coordinación con el crimen organizado transnacional.
El
Régimen de Excepción, dirigido hacia opositores y pandilleros descontentos, es
un principio en el rompimiento de la estabilidad, pues ésta se mantiene, en
base a la coacción de la Fuerza Armada, la cual tendrá que ser aumentada
exponencialmente, consumiendo los recursos necesarios, en otras áreas sociales.
La
apariencia de estabilidad, puede desvanecerse en cualquier momento, al romperse
el precario equilibrio que, a base de dinero y corrupción, ha creado el
Gobierno. Pandillas, crimen organizado, uso excesivo de la fuerza o
insatisfacción social, pueden hacer desaparecer dicha ficción y, precipitarnos
a una crisis manifiesta.
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