Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El Gobierno en la sombra,
es también llamado “criptocracia” o Gobierno secreto invisible. Consiste en un
verdadero poder político efectivo, ejercido por personas diferentes, a las
nombrados por los ciudadanos, con gran influencia y autoridad, dentro de ciertos estamentos
gubernamentales, que ejercen poder entre bastidores, es decir, más allá del
control de las instituciones democráticas.
El acto de Nayíb Bukele,
de aparentar salir de la presidencia, ha sido suceso visible del Gobierno en la
sombra, pues su última transmisión, con su consejo de Ministros, para ellos fue,
una amenaza, por la cual, su vigilancia y la del Fiscal General, asegurarían su
autoridad. Luego el nombramiento como “presidente interino”, con poderes
limitados, a su Secretaria Privada, confirma el Gobierno en la sombra.
Este Gobierno en la
sombra, permite eliminar a aliados, que colaboraron a su triunfo electoral.
Guillermo Gallegos, quien le facilitó, correr como candidato presidencial de
GANA, ahora es amenazado con ser investigado y preso. Un acto que no se podría,
de manera formal, atribuir a Nayíb Bukele, sino a la “institucionalidad”, que
busca combatir la corrupción.
El anuncio de la Fiscalía,
de judicializar 255 casos de crímenes de lesa humanidad, del pasado conflicto
armado, es para ejercer presión sobre los oficiales en situación de retiro, que
señalan las desviaciones del actual Alto Mando, en cuanto a su lealtad a Bukele
y no, a la Constitución.
En investigaciones publicadas
en años anteriores, la Fiscalía, fue señalada por su relación con el crimen
organizado, según lo afirma el ex agente de la DEA, Danny Dalton, en acciones
que favorecían la impunidad del Cartel de Taxis y su relación con Gustavo
Villatoro, actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública. La acción directa
del encubrimiento, se le atribuye, en dicha investigación, a Rodolfo Delgado, que,
en aquel momento, era auxiliar fiscal. Hoy, es el Fiscal General de la
República, a quien Nayíb Bukele, encargó, el comportamiento del gabinete,
mientras Bukele ejercerá la función de supervisor ministerial.
Al cumplirse un año del
régimen de excepción, el Ministro Villatoro, expreso en una entrevista: “el
régimen de excepción debe continuar”, sin especificar razones o su tiempo
máximo. Por ahora, se debe de presumir, que el régimen de excepción durara todo
el período eleccionario y, que continuará, mientras dure el presente régimen.
Claudia Juana Rodríguez
de Guevara, quien actúa en calidad de “presidente interina”, cargo que no
existe en la legislación salvadoreña, no posee connotación política, sino la
concedida por la voluntad de Nayíb Bukele. Su nombramiento, en contravención a
la Constitución, solo augura que será quien asumirá la responsabilidad directa
de los acontecimientos futuros, pero sin responsabilidad jurídica (directa) con
Nayíb Bukele, o sea la prisión contra antiguos aliados de Bukele o la
represión, por desórdenes públicos, por actos de protesta.
Un diputado de Nuevas
Ideas, en el foro legislativo, dijo que, si el “pueblo lo aprobaba”, era legal,
así que aplica la teoría de la legitimación, ante el rompimiento
constitucional, pero no se aclaró, si era la voluntad de los “diputados”, como
representantes del pueblo o, que el pueblo, no expresaba su voluntad de inconformidad.
En este sentido, hay que aclarar que el ciudadano, no puede expresar su
voluntad, pues sus derechos han sido suspendidos por el régimen de excepción,
el: libre tránsito, libertad de expresión, libertad de asociación y la libertad
de definir su domicilio. Claramente, la voluntad popular, es imposible de
conocer en tales condiciones y la del diputado, no es válida, si está fuera de
su mandato.
El Gobierno en la sombra,
lo constituyen el crimen organizado y los círculos de poder económico, en
derredor de la familia Bukele.
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