Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
La Empresa Privada, es columna vertebral de las economías desarrolladas, pues genera 9 de cada 10
empleos, convirtiéndose, en las mayores contribuyentes fiscales, por medio del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su relación con el Estado, es esencial,
para la estabilidad macroeconómica del
país: en El Salvador, país en desarrollo, el Gobierno, privilegia la inversión
pública y ejerce acoso, sobre la Empresa Privada, en sus tres niveles económicos:
grande, mediana y pequeña, lo cual
merece un comentario.
El total de las
exportaciones en 2021, fue de $ 6,395 millones y nuestras importaciones fueron
de $ 14,617 millones, exportando a 117 países e importando de 185. La
diferencia en nuestra balanza de pagos, fue cubierta por las remesas. Esto nos
indica, que nuestra política nacional debe de ir en fortalecimiento de las exportaciones,
ya que las remesas, son un producto positivo, de la necesidad particular de
emigrar, ante condiciones adversas, provocadas por actos negativos de Gobierno.
Las exportaciones, en
detalle, son de pocas empresas y aún, las exportaciones agrícolas, son producto
de las relaciones de cientos de productores individuales, con los
beneficiadores exportadores, somo sucede en el café y la caña de azúcar, de tal
manera, que la actividad va de grandes empresas a medianas y pequeñas. El empresario
individual, sin importar al rubro a que se dedique, dependerá de las
importaciones de los grandes comerciantes y sus productos, serán consumidos
localmente, manteniendo un nivel de subsistencia, con un pago de impuestos mínimos.
Consideremos que la “Empresa
Privada”, como actividad económica, dentro del Estado, no tiene preferencia política,
pues su existencia depende del cumplimiento de las formalidades propias de la
persona jurídica y, de las regulaciones impuestas por el Estado. Son las
personas naturales, las que tienen una actuación política, pero la estrategia del
presente Gobierno, es relacionar las relaciones empresariales con la política.
Por principio, si la
empresa privada es una consecuencia de la libertad económica, tendrá una aceptación
favorable, para quienes propicien dicha libertad y si por estrategia política,
el Estado privilegia un sector determinado, para obtener su favor político,
crea un desequilibrio en la actividad económica nacional, pues la Empresa Privada,
abarca todos los espacios de la economía nacional. El Estado, no puede sostener
la economía nacional, en base a la inversión pública, pues tendría que poseer
recursos provenientes de riqueza de alguna explotación natural o, con recursos destinados
para la actividad privada, los cuales deprimen
la economía, a mediano plazo.
El presente Gobierno, ha
mantenido una serie de ataques hacia la Empresa Privada y la libre actividad económica,
política iniciada, desde las acusaciones contra Francisco Flores y la
dolarización, mantenidas hoy, con las acusaciones contra Alfredo Cristiani, y
el espionaje contra ANEP y ASI. Esto es por la errónea concepción de relación, Empresa
Privada/poder político, como antagónico con el poder del Estado. La actividad
privada sostiene la bonanza de las economías modernas y los intereses del Estado,
irán en función de la protección de sus empresas, pues de ellas dependen la
banca y el bienestar de sus Estados.
Permitir la creación de
sociedades mercantiles de una sola persona, rompe la finalidad de crear entidades
que reúnen intereses y capitales de varias personas, para crear una persona
jurídica, distinta y, superior de la individual, a no ser, que se pretenda, para
el ocultamiento de personas naturales o capitales, como el Bitcoin ha sido
señalado.
En la medida que, a la
libertad económica, se impongan restricciones, se pierden libertades
individuales y, será imposible, que el país pueda desarrollarse como nación
independiente porque esto sólo puede lograrse, con la existencia de la Empresa Privada.
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