LA LUCHA POLÍTICA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La lucha política, ha derivado al ámbito judicial, como proceso de deconstrucción histórica, generada por el oficialismo, sin considerar, que tal pretendido giro, se revertirá contra el mismo régimen que lo ha provocado.

 

La visión que pretende crearse, es un cambio en el significado histórico, de que el pasado conflicto armado de el El Salvador, fue un conflicto pactado entre fuerzas políticas partidarias; una conservadora y la otra revolucionaria de izquierda, deseosas del poder y de los beneficios personales, que gozaban los conservadores, por lo que se generó una guerra, para equilibrando sus fuerzas, obtener mayores prebendas personales para ambas dirigencias. (Leer editorial del periódico oficialista El Salvador 28/12/2023, que expone estos conceptos.)

 

La razón de tal deconstrucción histórica, es para: establecer que la Fuerza Armada de hoy, es diferente de la Fuerza Armada, que participó en la Guerra Fría. Debe por lo tanto de cumplir un papel diferente, apegado a la visión política-histórica, del oficialismo y  cambiar su apoliticidad, por otra, política partidaria. Los militares en retiro, deben sufrir castigo por sus acciones en el servicio, como muestra de lo que el Estado puede hacerle a quien hoy en el servicio, se aparte de la visón oficialista.

 

El auto del 22/12/2023 del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en la Causa Penal 238/1990, refleja esta nueva visión política-histórica, convirtiendo un proceso ya plagado de errores judiciales, en un instrumento político-ideológico del Gobierno.

 

Los hechos que juzga ahora el tribunal arriba mencionado, tuvieron origen en la intención, de crear una secesión en el territorio nacional; hechos narrados, desde varios puntos de vista – según las entrevistas de Marta Harnecker a la Comandancia del FMLN en Cuba, sobre el desarrollo de la Guerra y, con el parte de Guerra a la Nación, del General Emilio Ponce, al finalizar el conflicto y, los varios libros escritos sobre estos hechos, por el General Juan Orlando Zepeda Herrera- por lo que la historia ofrece suficientes elementos, para juzgar la realidad de los hechos sucedidos, considerándolos “hechos de guerra”.

 

Esta nueva historia, establece las bases para que los altos mandos de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, sean juzgados hoy, por los crímenes de Lesa Humanidad, que  se les imputan por violación de los derechos humanos en el actual régimen, aunque sigan instrucciones políticas dictadas por el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, pues el régimen autoritario, establece un mando único y, obediencia indiscutible, por lo que la responsabilidad será absoluta, por actuar sin la institucionalidad del Estado de Derecho.

 

Acusar de encubrimiento a las autoridades políticas, por aprobar una Ley en 1993, ya no vigente, no es justicia, pues recae la orden de captura sobre el único político de esa época, que hoy es un activista de los derechos humanos y del Estado de Derecho, Rubén Zamora Rivas y sobre Alfredo Cristiani, presidente de la República en aquella época, quien, ya fue objeto de diferentes ataques de Nayíb Bukele, ordenando en cadena nacional, su captura e incautación de todos sus bienes. En el extranjero, dichas órdenes de persecución y captura, son consideradas de naturaleza política y, por consecuencia, no ejecutables.

 

El proceso en el cual se emitió dicha valoración, busca responsabilizar de terrorismo a la oficialidad, en servicio activo en aquella época y justifica, el quehacer insurgente, lo cual viola el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz de 1992.

 

El actual régimen está creando un precedente que se le revertirá: por ahora, ha destruido la independencia judicial y la apoliticidad de la Fuerza Armada.

 

PUBLICACIÓN ACCION DESEA A SUS LECTORES UN FELIZ AÑO NUEVO Y UN PROSPERO 2024.