LAS COMUNICACIONES, UN REFLEJO VENEZOLANO

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 21 de noviembre de 2014.

La actual polémica sobre la distribución y utilización del espectro radio eléctrico, es un reflejo de lo que sucedido en Venezuela, durante la consolidación del chavismo. La utilización de las frases “democratizar las comunicaciones” y “destruir el control oligárquico de las mismas”, fueron caballos de batalla del Gobierno de Chávez, y hoy aquí en El Salvador, se están empleando estas mismas razones.

En pláticas sobre este tema con algunos empresarios de  rubros diferentes, al de las comunicaciones, estos afirman que los cambios que se están dando, implican un acomodo empresarial de coexistencia con el socialismo, pero que da espacio suficiente de maniobra para hacer negocios, afirmando al final, que dan un respiro, las buenas relaciones Sandino-empresariales, como sucede en Nicaragua, con las empresas que llegan a acuerdos con el régimen. Hay que dejar en claro, sin embargo, que existe diferencia entre el modelo nicaragüense y el que se está implementando en nuestro país: se sigue el modelo chino en Nicaragua y, el venezolano, en El Salvador.

¿Cuál es la diferencia? El modelo chino parte de la estimulación de la empresa privada, a partir de la micro – empresa, hasta llegar a la gran empresa, que sí es controlada por el Estado, pero que excluye la participación política de quienes desarrollan esta actividad y el crecimiento empresarial, es consecuencia de su afinidad con el régimen y no, por los méritos propios desarrollados en el libre mercado. El modelo venezolano, por el contrario, se basa en la restricción, desde la gran empresa hasta la micro- empresa, empleando en este proceso, muy convenientemente, las cadenas normales de distribución de bienes y servicios ya establecidas: se restringe la gran empresa proveedora, que afecta toda la cadena, lo cual va siempre en dos vías, y de este modo si se corta la cadena de productos hacia el consumidor, se corta el flujo de efectivo que alimenta la importación y transformación local y por último, el Estado controla las divisas (lo cual ya es inminente en nuestro país, a un mediano plazo).

El modelo chino pretende salvar la economía estatal de su colapso, sin perder el control político; el venezolano, pretende destruir la fuerza política de la empresa privada, hasta el punto de que el control económico, quede en manos del partido de Gobierno. Aunque el modelo chino parezca ser más beneficioso, a la postre, ambos modelos concluyen en lo mismo: restricción política y dominio de la economía por parte del Estado, ya sea de manera directa o de manera indirecta, por medio del partido de Gobierno.

En términos prácticos, el Gobierno pretende, manipulando la opinión pública, que se acepte que las telecomunicaciones constituyen pequeños monopolios, los que hay que destruir, para dar espacio a expresiones comunitarias, espacio que se extendería hacia las televisoras, por hoy y, muy pronto, a las comunicaciones telefónicas. Dentro de este proceso, el Gobierno ofrecerá “no tocar” ciertos operadores del espectro radio eléctrico, a cambio de su “neutralidad” en el proceso, lo que dividirá, la posible oposición a las pretensiones gubernamentales.

El paso siguiente, será crear “espacios comunitarios y gubernamentales”, que deberán ser transmitidos gratuitamente, aumentando de este modo, los costos de operación del medio, para que éste se vea en la necesidad de buscar un punto de equilibrio con las tarifas comerciales, las que serán “sancionadas por excesivas” posteriormente. Para esto, se dará un equivalente a Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley RESORTE). Esta ley entró en vigencia  en Venezuela,  el 8 de marzo de 2005, y su objetivo es el de establecer la responsabilidad social de las empresas que usan el espectro radio eléctrico de Venezuela. Y regula servicios de radio, servicios de televisión, tanto abierta como por suscripción y demás medios electrónicos.

El objetivo de este proceso, es el control total de las comunicaciones, que suprimiría en gran medida, la difusión libre del pensamiento y sobre todo, evitaría la crítica contra el Gobierno. Paralelamente en El Salvador, también hay intentos por controlar el contenido de las redes sociales utilizadas por los jóvenes, lo que se lograría mediante el control sobre la internet y la legislación ya existente, con algunas modificaciones, que regula las franjas de contenido, por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Muchos políticos afirman aún, “no se atreverán”: el Gobierno no es tan tonto de apretar tanto, en tiempo electoral. Pues están muy equivocados; todo se puede hacer con habilidad, con tiempo y por sobre todo, con la indiferencia sobre temas que creemos que no nos afectan directamente. Como ejemplo veamos: para poder instalar el SITRAMSS, y excluir del mercado a casi doscientos buses, se ofrece el servicio gratuito hasta que “la competencia” sea eliminada, y luego, una vez creado el monopolio, poder cobrar lo que se desee, precisamente en acuerdo con la Superintendencia de Competencia,  la misma que ahora proclama para las comunicaciones los valores de equidad y libre mercado.