LA EXPROPIACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Por     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 20 de septiembre  de 2015.

Se centra la actual discusión, en la creación de un sistema mixto de pensiones, el cual, sin embargo, si apreciamos el hecho, económica y jurídicamente, es una expropiación de bienes privados, en beneficio del Estado, siendo su razón de ser, el  que ya una buena parte de esos fondos no existe, por lo cual se hace necesario cubrir dicho déficit y  sobre todo, retrasar la reclamación directa, de tal responsabilidad.

Los fondos actuales de pensiones, son patrimonio privado “restringido” por el Estado, lo cual es claramente constitucional, pues lo que se busca es el bien individual colectivizado. Sin embargo, si dichos fondos pasan a manos estatales, el particular pierde el derecho sobre los mismos y, sin tener por ello, una contraprestación; lo cual convierte esta maniobra financiera, desde el punto de vista del derecho, en una confiscación. Si vemos el hecho desde su efecto económico,  el Estado debe cerca en total $ 15,000 millones de dólares, con un endeudamiento de 56.5% (2014),  y esto, sin contar con la deuda previsional,  lo cual hace la deuda, virtualmente impagable por  el Estado.

El Presidente del Banco Central de Reserva, fue el encargado de “maquillar” el endeudamiento público a inicios del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, explicando que el Estado aún tenía capacidad de endeudamiento, y de explicar las razones por las cuales la deuda previsional, no debía de incluirse, era aún sostenible y no representaba un verdadero endeudamiento. En cierta medida, tenía razón, si se planeaba desde ese momento, la confiscación de los fondos de pensiones, pues de tal manera, el Estado no debería nada a las AFP y. con tal maniobra, neutralizaba la deuda contraída, pero sin tomar en cuenta que las pensiones futuras, tienen que ser absorbidas por el Fondo General de la Nación, aunque por ahora sean una contingencia.

El actual desenlace  fue previsto por los economistas, desde el momento de la transformación al sistema de pensiones actuales,  pero sin embargo, fue imposible de prever el acelerado deterioro de los fondos acumulados por el IPSFA y del Seguro Social, colocados principalmente, en inmuebles y otras inversiones, así como el galopante endeudamiento con las AFP. La condición del IMPEP, si estaba clara, en cuanto que sería el primero  que recurriría a la ayuda estatal directa, para solventar su iliquidez. Esta situación fue agravada por los actos de corrupción de que han sido objeto y, cuyo único responsable, es el Gobierno mismo, pues a su instancia, son nombrados sus directores y la mayoría de los miembros de las Juntas Directivas, dando un papel irrelevante, a los asegurados y los representantes no gubernamentales.

El debate es hoy en cuanto a si es  constitucional o no, el establecimiento del nuevo sistema de pensiones, que considera la confiscación de fondos privados, aunque sea para utilidad pública. La reciente resolución de la Sala de lo Constitucional, que pretende asegurar una rentabilidad comercial a los fondos de pensiones, cuando son tomados por el Estado, inducen a pensar que, a la luz de la interpretación constitucional, tal sistema es claramente inconstitucional, por la afectación que sufre el particular, sin una verdadera contraprestación, y por el perjuicio directo a la economía del derechohabiente, aunque quieran hacer creer que el nuevo sistema “garantiza una vejez digna”.

La otra cuestión, es ver cómo evolucionará el malestar del derechohabiente, en la medida en que se hagan públicas las dudosas negociaciones, de las cuales se han lucrado muchos particulares, pero con relación política en el Gobierno, y a costa del esfuerzo de los asegurados.