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jueves, 24 de septiembre de 2015

LOS PLANES DE SEGURIDAD Y EL MARCO JURÍDICO


Por     
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 24 de septiembre  de 2015.

La propuesta gubernamental “PLAN EL SALVADOR SEGURO”, defendida con vehemencia por el Presidente Salvador Sánchez Cerén y, base para la solicitud de nuevos impuestos para la seguridad, choca frontalmente, con el orden constitucional salvadoreño. La propuesta, lejos de combatir  de manera directa la delincuencia, plantea una forma de asistencialismo y tolerancia, sin responsabilidad alguna, para el delincuente, lo que es muy peligroso para la estabilidad nacional y sobre todo, y más aún  para la seguridad del área centroamericana.

El documento FUERZA ARMADA VRS. TERRORISMO, del Dr. Hugo Ernesto Fonseca Alvarenga, analiza metódica y atinadamente la resolución de la Sala de lo Constitucional, sobre la inconstitucionalidad de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (22-2007/42-2007/89-2007/96-2007), en la que se concluye que, tanto la Mara Salvatrucha, como la Mara 18 y sus similares  son terroristas,  pues son sus actos  tipificados como tales, por la legislación y doctrina internacional, lo cual obliga constitucionalmente, a combatirla como una amenaza nacional, hasta el grado que las acciones de la Fuerza Armada, pueden ser independientes de la Policía Nacional Civil, con el fin de preservar a la población, libre del terror, el cual altera el normal funcionamiento del Estado.

Por otra parte, si estudiamos en detalle, el resumen ejecutivo del “Plan El Salvador Seguro”, concluimos que este se basa en la transformación de la sociedad y de las estructuras gubernamentales (reducción de la mora judicial, mejor sistema educativo, mejoras en los hospitales etc.), en un enfoque sobre cincuenta municipios, con aumento del asistencialismo, pero no en una contención directa y eficaz a las pandillas; que permita la recuperación inmediata del territorio nacional. El enfoque gubernamental sería correcto de acuerdo a un plan quinquenal o de nación, en el cual se planificase sobre parámetros normales y universales de desarrollo.

Este enfoque político del Gobierno,  que se funda en el presupuesto de la exclusión social y la marginación, que son causa fundamental de la violencia, se resume en esta primer eje de solución: “Mejorar la vida de las personas y los territorios para reducir la incidencia e impacto de la violencia y el crimen”, aunque se hace también mención de  la necesidad de mejorar la investigación y represión del delito, y la recuperación de la confianza ciudadana; en su aplicación práctica, implicaría la tolerancia y sostenimiento, de quienes hoy utilizan el terrorismo como medio de dominación y subsistencia.

El impuesto especial para la seguridad, carece de las características tipo, necesarios para catalogarse como tal, pues en términos genéricos, se emplearían $ 500 millones para pago de salarios a jóvenes, en empleos no definidos; $ 600 millones para que los niños vayan a la escuela; $250 millones “para servicios de prevención de violencia, atención a familias, atención en crisis, atención a víctimas y rehabilitación, ampliación de espacios públicos, fortalecimiento de iniciativas y programas de policía comunitaria, sociales” …y etc. La amplitud de las acciones propuestas, no corresponde a un impuesto especial y que por sobre todo, se espera que además del financiamiento del Estado (vía impuestos especiales), sea financiado por la Empresa Privada y la Comunidad Internacional.

El Estado debe dar un mejor servicio y atender  sus obligaciones naturales, pero debe ser su primer objetivo, la recuperación del territorio nacional, para el pleno imperio de la Ley, y no, ofreciendo asistencialismo, a quienes hoy dominan ilegalmente dichos territorios. El problema de inseguridad, ha alcanzado niveles tales que requieren medidas extraordinarias.


La solución del problema de las pandillas, no es de recursos, sino de voluntad política y de la correcta aplicación de la fuerza, pero hay miedo de hacerlo y el Gobierno prefiere buscar soluciones negociadas,  que agudizarán a la larga,  el conflicto. Ya hay tres millones de salvadoreños fuera ¿Cuántos más tendrán que morir o emigrar para ponerle paro a este problema? En la medida que pase el tiempo, la solución tenderá a  ser más violenta,  con un claro deterioro de nuestro sistema democrático.

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