Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 22 de
mayo de 2016.
El Diplomático
canadiense, Adam Blackwell ex Secretario de Seguridad Multidimensional de la
Organización de Estados Americanos (OEA),
luego de sus declaraciones, deja en claro que hubo solicitud formal, del
ex Presidente Mauricio Funes, para
realizar en El Salvador, un proceso de paz negociada, bajo el auspicio de la
OEA y de la ONU. Aunque se tenía la convicción moral de que así fue, no existía
la certeza jurídica; debe ser hoy
diferente, el planteamiento de responsabilidades y, débese plantear que éste proceso, aún continua, ya que el Gobierno
no ha hecho, en contrario, solicitud formal.
Mauricio Funes planteo
la somalización de El Salvador, así como la incapacidad de la Fuerza Armada y de
la Policía Nacional Civil, para contener a las pandillas: fue una solicitud
formal del Estado de El Salvador a la comunidad internacional, sin que
importase las implicaciones que esto pudiese tener, en el aparato productivo
del país o, en la población en general y
que, por su naturaleza, comprometía el ejercicio de la soberanía nacional, por lo que
tal iniciativa, no era atribución exclusiva del Órgano Ejecutivo. Fue una visión muy particular, influida por
necesidades políticas partidarias y ego propio. Esta solicitud de intervención
internacional, conllevó la responsabilidad del Presidente, el Vicepresidente y del Consejo
de Ministros.
La dimensión jurídico-política
alcanzada por causa de la tregua, permite creer que el Fiscal General de la
República, no podrá procesar a Mauricio Funes ni a David Munguía Payés, ni
mucho menos prosperaría un aviso contra Adam Blackwell, ni ninguna reclamación a la
Unión Europea, por haber financiado este proceso. Sin embargo, los salvadoreños
que no apoyan una tregua con las pandillas, en base al ejercicio de su propia
soberanía, colectivizada en una acción común, podrían oponerse a que, este
proceso de paz con las pandillas, continúe y se consolide mediante alguna
figura jurídica, que lesione la integridad colectiva de los salvadoreños.
Las acciones del Gobierno,
están golpeando las estructuras de las pandillas, al grado de disminuir los
homicidios, pero no han disminuido las extorsiones. Aunque la vida humana y la
integridad física, son los bienes más preciados y, a los que el Estado les debe
la mayor protección, no es para las pandillas lo principal en su lucha, para ellas, son los frutos humanos (extorsiones) y el control territorial, para
fijar sus cotos de explotación humana. Ni las extorsiones han disminuido, ni
han perdido el control territorial.
Si el Gobierno de
Funes, decidió que era necesario un
pacto entre el Estado y las pandillas y hoy se las combate fácilmente, es que
la apreciación de Funes fue errada,
provocada por una conveniencia política. Y si las pandillas no pueden
ser controladas, como lo ha afirmado el General David Munguía Payes, es que la nueva
doctrina militar de la FFAA, adoptada
luego de los Acuerdos de Paz de 1992, fue equivocada y necesario sería, volcar
hoy, todos los recursos del Estado
contra las pandillas. Con recursos, no
me refiero a más impuestos, sino a poner a todas las estructuras sociales, en lucha directa contra las pandillas.
El dilema que se nos
presenta es sobre la libertad, en aplicación
del Art. 4 Cn. Nos someteremos a las pandillas por su fuerza….. siendo sus “vacas
lecheras” o estaremos sometidos por medio de un pacto….. siendo las “vacas
lecheras” para que el Estado se alimente y les dé, a las pandillas, los
productos ya procesados.
Más de dos millones de
salvadoreños han preferido su libertad fuera del país, pero los que aún están
aquí, tienen que contestarse: ¿defenderemos nuestra libertad aquí, o
migraremos? La respuesta es de la conciencia individual.
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