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domingo, 15 de mayo de 2016

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS DE LA TREGUA


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 15 de mayo de  2016.

En una migración interna, la tregua ha generado el desplazamiento de sus hogares de 289,000 personas, según datos dados a conocer en Ginebra, Suiza, en Mayo de 2015, por el Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), Jan Egeland, en conjunta declaración con  el Jefe Adjunto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Volker Turk. Señalaron, como responsable de tal catástrofe, a la violencia en que vive el país. Sabemos hoy que, son el Gobierno y las pandillas responsables de tal catástrofe y, de la violación de los Derechos Humanos de las víctimas.

La responsabilidad directa, recae en las pandillas, pero el Gobierno tiene una doble responsabilidad: “comisión por omisión” cual lo señaló Volker Turk al expresar: "primero se desplazan, pero luego intentan huir de sus países porque se sienten totalmente desprotegidos". En otro documento,  publicado por el Servicio Social Pasionista, se plantea la responsabilidad directa del Estado, por haber facilitado el desplazamiento poblacional, como  política de Estado.

Como primera responsabilidad, el Estado de El Salvador, por medio del Gobierno, está obligado a la protección de sus ciudadanos, en el goce y preservación de su integridad física y de todos los otros Derechos, como el de la libre permanencia dentro del territorio nacional. Su negativa, a reconocer la magnitud de la violencia, elude su responsabilidad constitucional y, con una clara representación de los efectos, convierte su negligencia, en un hecho intencional pues, para su conveniencia política, ha encubierto la magnitud de los hechos.

Al justificar la migración salvadoreña como consecuencia de la extrema pobreza, el Estado de El Salvador ha evitado que, en instancias internacionales, se valoren, erróneamente, las solicitudes de asilo; pese a ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), otorgó el 2014 el status de refugiado a 10,969 salvadoreños, habiendo 18,037 solicitudes pendientes de refugio, y en el 2015, fueron presentadas 12,959 solicitudes más.

Responsables de manera directa, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, han sido la FFAA y la PNC. Se han realizado veintisiete desplazamientos   forzados de comunidades, al amparo de estas autoridades, siendo diecinueve, al amparo de las FFAA y, ocho, de la PNC. Justifican dichas acciones “como ayuda a la población civil, para que puedan salir de manera segura, debido a las amenazas de las pandillas”. Por consiguiente, al conocer la complicidad del Gobierno en acuerdos secretos con las pandillas, podemos especular que dicha “ayuda a la población civil” fue en acuerdo con las pandillas, para limpiar la zona de toda persona que les fuese ajena. Así, clara está la complicidad de las altas esferas del Gobierno, de los mandos medios y aún, de algunos elementos de la PNC.

Las acciones de los pandilleros y la del Gobierno, no sólo son sancionados por nuestro Código Penal, sino también contemplados por el Estatuto de Roma; pueden así ser juzgados, en instancias internacionales, si la justicia nuestra no puede hacerlo. Es notorio que ni el Procurador de los Derechos Humanos ni el Fiscal General de la República, se han pronunciado al respecto, siendo tan clara, la situación. Mucho menos se plantea la reparación del daño causado y de los efectos negativos en otros Estados.


La responsabilidad que se deriva de la “responsabilidad del mando”, alcanza en este caso al Ministro de Defensa Munguía Payés y a Mauricio Funes, aunque nieguen ellos su participación en la tregua. Por sus cargos, era su obligación conocer y actuar en los casos en que los Derechos Humanos estaban siendo violentados. Esta situación alcanza hoy plenamente, a Salvador Sánchez Cerén. 

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