EL MOZOTE, HISTORIA INCONCLUSA

EL MOZOTE,  HISTORIA INCONCLUSA

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 28 de mayo de  2016.

Treinta y cuatro años después de acaecidos los hechos del Mozote, el Procurador de los Derechos Humanos, exige condenar a los miembros de la Fuerza Armada que participaron en dicha operación militar, siguiendo una agenda política , dirigida desde la Sala de lo Constitucional, por el Magistrado Florentín Meléndez, que ha propiciado, desde su cargo, la apertura del proceso ya fenecido, juzgándolo desde la perspectiva de la Justicia Transicional y la Justicia Restaurativa, en aplicación del “derecho a la verdad”.

Consideremos que no sólo las víctimas, tienen Derecho a la verdad; lo tiene toda la sociedad  más, se quiere privilegiar los intereses de las víctimas, analizando los hechos pasados, bajo un contexto moderno: aplicación retroactiva del Derecho y la política. Presúmese  que el Estado es siempre un ente superior: esta presunción,  conlleva la sumisión al mismo, pero se extingue  dicha sumisión, en quienes toman las  armas contra él, que representa a la mayoría. Cuando la minoría, representa los intereses geopolíticos extranjeros,  el Estado está facultado para el uso de la coercibilidad y la coacción.

Diéronse los hechos del Mozote en el Frente de Guerra Nororiental “Francisco Sánchez”, - Departamentos de Morazán, San Miguel y la Unión – conforme a la estrategia militar del FMLN y, de acuerdo a los planes generales de la Dirección Revolucionaria Unificada. En el contexto de Guerra Internacionalizada y de beligerancia del FMLN, reconocida por México y Francia, la zona del norte de Morazán era ocupada por el ERP, como tierra ya liberada, en consecuencia,  todos sus habitantes fueron incorporados por el ERP, al movimiento revolucionario, sin que estos, tuviesen conocimiento de las consecuencias de los hechos en que participarían: servirían de escudo a los combatientes armados y milicianos, según la estrategia de Salvador Cayetano Carpio: substituir el ocultamiento en las montañas, por el ocultamiento en la población; una estrategia que según el Derecho Internacional Humanitario, es considerada  Crimen de Guerra.

Hoy las cuestiones jurídicas a  plantearse son: si la secesión del territorio es lícita o no y, de allí, partir sobre la licitud de las operaciones militares sobre el terreno. También debe de plantearse la responsabilidad de Joaquín Villalobos (Comandante Atilio) y Jorge Meléndez (Comandante Jonás) junto al resto de la comandancia del ERP, por la exposición intencional de civiles a los rigores del combate, de conformidad a los Protocolos de Ginebra. Fueron  los civiles como escudos humanos, conforme a la estrategia vietnamita. La deducción de responsabilidades está implícita en lo reclamado hoy, por la Justicia Transicional, pues el objetivo de ésta, es evitar la repetición de lo sucedido.

Era responsabilidad directa del Órgano Ejecutivo, mantener la integridad territorial y, en ese momento, estaba conformado dicho Órgano, por la Tercera Junta de Gobierno, integrada por el Coronel Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño, el Ing. José Napoleón Duarte, el Dr. Antonio Morales Ehrlich y el Dr. José Ramón Ávalos Navarrete, por lo que es preciso dictaminar si las órdenes giradas a la Fuerza Armada, en ese momento, fueron jurídicamente, acordes al Derecho y, con el propósito de despejar elementos relativos a la responsabilidad y cadena de mando. Según testigos de la época, fueron explicadas a la Junta Revolucionaria de Gobierno, las implicaciones de las operaciones militares contra el ERP y autorizadas personalmente, por el Ing. José Napoleón Duarte, en el teatro de operaciones.

El Derecho a la verdad  debe ser total: de  lo que hizo el FMLN se niega. Las atrocidades de nuestro  pasado conflicto armado no deben repetirse: la verdad no es unilateral, es exposición de la totalidad de los hechos y, sin la verdad,  no tendremos reconciliación