LA COMUNICACIÓN EN EL CASO CATALUÑA

Con el Referéndum de Cataluña, el 1° de octubre, se culminaron  treinta y nueve años de propaganda, exaltando el separatismo catalán fomentado desde la autonomía catalana; permitida y favorecida por la necesidad de gobernabilidad, según las necesidades electorales de PSOE y el PP.

La autonomía catalana creó una cultura independentista, inexistente en la historia de Cataluña, la cual  al ser difundida por los medios de comunicación autonómicos y el sistema educativo catalán, inculcaron una conciencia regional – nacionalista, en la presente generación,  en substitución de la conciencia nacional española tradicional, fomentada luego de la guerra civil.  En este sentido, la nueva conciencia tiene como germen el rechazo a la unidad franquista,  moviendo  hacia el lado opuesto, el espectro de opinión política.

La secesión de Cataluña inspirada por el separatismo,  no ha resistido la realidad política española: la unidad hispánica;  basada en su diversidad histórica interna y, las necesidades de cohesión dentro de la geopolítica de Europa, con una estructura institucional fuerte y democrática.   La pretensión de internacionalización del conflicto catalán, en perjuicio de los intereses Españoles,  muestra la incomprensión de la realidad Europea presente,  como resultado de la alienación separatista.

Ahora, la comunicación separatista está siendo  enfocada en la victimización de los líderes catalanes  encarcelados luego del restablecimiento del Estado de Derecho en Cataluña, y que pretenden correr ahora, en las nuevas elecciones autonómicas. La aplicación del Derecho se está apreciando como el uso arbitrario de la fuerza, y no como el fiel cumplimiento de los preceptos legales.

Para evitar la propaganda  negativa en tal sentido, algunos piensan que la gobernabilidad exige tolerancia, y no descargar responsabilidades penales sobre los funcionarios separatistas, sin embargo, de hacerse  así y, no aplicar el marco legal, éste se volvería discrecional y la discrecionalidad fuera del marco legal, traería la ilegitimidad al restablecimiento del orden.

Sin embargo, la sola aplicación de la ley, hoy  ya no es políticamente suficiente, pues en el esquema de lucha política presente,  toda acción política legítima,   tiene que ser   justificada pública y permanentemente,   por el tiempo en que persista  la idea de legitimidad del acto ilegal, pues de lo contrario, el rompimiento del Derecho será tomado en el futuro, como un acto legítimo por el sólo efecto de la comunicación  sobre las nuevas generaciones. Algunos de estos efectos ya los estamos apreciando en el caso Cataluña.

Como ejemplo de este efecto, se puede citar el caso de Carlos Marighella, que desde 1934 hasta 1969, por medio de la subversión, busco la instauración del comunismo en Brasil, y conforme a su  “Manual del Guerrillero Urbano”, instauró el secuestro y asesinato como método de lucha. Luego de su muerte, los intelectuales franceses iniciaron un movimiento comunicacional en su favor,  hasta que se logró que en 1996,  por Sentencia, se reconociera que su muerte fue una ejecución extrajudicial al momento de su captura. Y con posterioridad,  el Estado brasileño tuvo que pagar pensión vitalicia a su viuda.

Los militares salvadoreños que cumplieron su misión constitucional y mantuvieron la integridad territorial,  hoy son juzgados en Estados Unidos, España y El Salvador,  todo debido a que  sus acciones legítimas y constitucionales,  hoy son valoradas como ilegales. Se consideró que el fiel cumplimiento de la ley era suficiente  para justificar sus acciones, y se juzgó innecesario una campaña comunicacional para contrarrestar la deformación de la realidad que ha creado una nueva verdad.

Si no se explica y se desvirtúa el separatismo inculcado en casi cuarenta años de comunicación separatista, el efecto independentista catalán, será una nueva amenaza a las políticas española y europea. Los hoy presos comunes,  podrían regresar como héroes políticos.