SE REALIZÓ LA PRIMERA MARCHA ¿Y DESPUÉS?

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN

San Salvador, 14 de julio de 2012

En defensa de la constitucionalidad, se realizó la primera marcha el día doce de los corrientes,  pero es claro, por la reacción de los partidos contumaces al cumplimiento de la Constitución: FMLN-GANA,  no cederán ante el repudio popular,  no obstante la fuerza incontestable de su número.  Se ha probado también, que el pueblo salvadoreño, conciencia de lo que es el Estado de Derecho, que lo manifiesta y que esta dispuesto a defenderlo.

Sigfrido Reyes, ha dicho en un medio de comunicación: “Se aferran a su última trinchera, la Corte Suprema de Justicia y dentro de ella, particularmente la Sala de lo Constitucional, el último bastión de poder que ARENA pelea con fuerza… incluso movilizando a sus sectores sociales afines”. Esta opinión, expresa con toda claridad, que la visión política que de este movimiento tiene el Presidente de La Asamblea legislativa,  es la de una guerra, en la cual, es necesario “tomar” determinada posición. A  la luz del Derecho y, de nuestra Constitución, la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional, son una estructura o entidad de autoridad, que forma parte del Gobierno y no, un objetivo militar que se toma por “asalto”.  El partido ARENA es el medio político constitucional, que posee la derecha, para tener representatividad política y que, en las pasadas elecciones, recibió más votos que el FMLN o GANA separados. Esta visión de “tomar” a la Sala de lo Constitucional, es clave para determinar, con exactitud,  lo que se avecina para los próximos días.

Aunque se haya querido dar un viso de legalidad mediante un comunicado de la Asamblea, sometido al pleno para su aprobación, informando la ratificación futura de las elecciones 2006 y 2012,  lo que se ha hecho, no es una ratificación y, mucho menos este comunicado, ha puesto fin al conflicto. Es sólo, un intento de hacer creer a la población que los Magistrados, declarados inconstitucionales, gozan de la autoridad pertinente. Esto es un intento de legitimación, por vía aceptación popular, mediante un engaño; el problema,  sin embargo, no está en los Magistrados, sino en el ejercicio del poder, fuera del marco constitucional, por lo cual de esperar  es, que la resistencia social se afirmará.

Los señalamientos del FMLN, GANA y del Presidente Funes, responsabilizando de las protestas, primero, al partido ARENA,  luego, a la ANEP y, después,  a otras organizaciones cívicas, es un intento de encubrir la magnitud de la protesta, la cual, se va afirmando cada vez más, en la conciencia de la sociedad salvadoreña. Y, en la medida en que se atribuya responsabilidad  a más organizaciones, en un claro intento de inducir al miedo y se envíe grupos de choque contra las manifestaciones, en la misma medida, crecerá el repudio hacia el Gobierno, en beneficio de la oposición política partidaria.

Fue interesante escuchar al diputado y miembro de la comisión política del FMLN, Ramiro Vásquez, invitando a la población salvadoreña “a estar pendientes para poner paro a las pretensiones de los grupos oligárquicos que desnaturalizan cada vez más los Acuerdos de Paz” y, así mismo, oír  a la organización piquetera,  Movimiento Popular de Resistencia 12 de octubre, hacer un llamado a la población salvadoreña, a manifestarse contra el movimiento de blanco. Esto nos demuestra la intención del FMLN - GANA, de evitar que los salvadoreños nos manifestemos, libre y pacíficamente.

La toma de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, por parte de los sindicalistas del Órgano Judicial, anticipa que la Corte legalmente constituida, podría ser materialmente disuelta o, impedida a realizar su trabajo, en beneficio de un grupo de personas que pretenden usurpar dicha función. Esto obligaría a la sociedad civil, a manifestar su descontento públicamente en las calles, pues los espacios políticos han sido cerrados por el FMLN-GANA y el Presidente de la República, Mauricio Funes. Sólo cabe esperar la reacción violenta de los grupos de piqueteros que apoyan a la Asamblea Legislativa, y de la PNC, por considerar ellos, que el derecho de la ciudadanía a expresarse públicamente es contrario a su derecho constitucional, como lo manifestó una diputada del FMLN, explicando las razones que tuvo para solicitar a la PNC detener la marcha que llegaría a los pontones de la Asamblea Legislativa para entregar una carta firmada por más de doscientas organizaciones cívicas y gremiales, conformadas  por CIUDADANOS SALVADOREÑOS