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lunes, 28 de octubre de 2013

MANIPULACIÓN ECONÓMICA ¿CUESTIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL?


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 28 de agosto de 2013.

En días recientes, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha hecho serios señalamientos sobre el manejo político de las empresas ALBA y, su posible relación con grupos ilegales, con el consecuente lavado de activos. Pera ayudar a una comprensión clara de dichos señalamientos, presento hoy,  la relación de las empresas ALBA, bajo los principios de dos legislaciones nacionales vigentes: La Ley de Inversiones y la Ley de la Defensa Nacional.

Tomando como referencia la relación económica y legal existente entre PDVESA - ALBA - ENEPASA  y ALBA – otras empresas, encontramos que, en realidad, no existe por parte de estas,  una inversión  realmente extranjera,  esta calidad es más bien, sino ficticia, conforme a la Ley de Inversiones, lo que genera tal cantidad de capital a las empresas ALBA, es dinero salvadoreño que se paga por un bien de consumo y, no, es una materia prima, como lo señala dicha ley. Por otra parte, la relación PDVESA – ALBA – ENEPASA deja, a la luz pública, una relación accionaria de dominio venezolano, la cual le permite utilidades en todos los distintos estamentos, en los cuales tiene dominio económico.  Esta afirmación, se deduce de que  lo que genera dinero, para las empresas ALBA, es la gasolina y los demás derivados del petróleo que se comercializan a precios uniformes, con los de su competencia, pero los cuales son cancelados en efectivo y, en su totalidad, por el consumidor final, generando así un capital líquido, que ha ingresado originalmente al país vía de remesas o de actividades puramente salvadoreñas,  y lo cual, no está contemplado en la Ley de Inversiones.

Por otra parte, al ser ese capital pagado a ALBA- PDVESA con efectivo y bienes agrícolas producidos en El Salvador, equivale al pago o devolución de la inversión, lo cual sólo debe hacerse conforme a la Ley de la Inversiones, hasta el cierre total de operaciones en nuestro suelo,  lo cual convierte en ilegales los pagos efectuados y vuelve irregular la empresas que han realizado esta práctica.  Sólo pueden  ser pagadas y repatriarse las utilidades proporcionales de las inversiones, correspondientes a la participación accionaria de ALBA- ENEPASA. Sin embargo, al pagar el “capital de inversión”, se nulifica el beneficio logrado con la inyección de recursos extranjeros y con el pago de utilidades, hacia PDVESA – ALBA. Así repito,  el beneficio se anula y queda en saldos negativos, pues la devolución de la inversión, también conlleva el pago de intereses; por lo cual, la inversión de ALBA en números reales, da saldo negativo y por supuesto, no es por sonsiguiente una inversión extranjera.

A lo ya aclarado le agregaremos que, en su expansión, las empresas ALBA, al buscar la integración vertical, está llegando a  niveles de minoristas, lo cual está reservado exclusivamente, para los nacionales y centroamericanos de origen. Además, al ser favorables al ALBA las distintas leyes promulgadas desde la Asamblea Legislativa y desde el Ministerio de Economía, favorables, ya sea por afinidad ideológica, conveniencia partidaria o personal estrictamente, viola el principio de igualdad, establecido en la Constitución y en la misma Ley de Inversiones.

Cuando existe una fuerza económica, capaz de manipular los distintos estamentos del Gobierno, como ha quedado evidenciado en la Superintendencia de Competencia, ante la denuncia de ANEP, el caso sale de la mera consideración de un grupo económico con poder y, se convierte en una amenaza para el sistema económico salvadoreño y, más aún, para el sistema político, razón de que deba ser considerada la injerencia política – económica de Venezuela. Para comprenderlo mejor, presento el considerando II de la Ley de la Defensa Nacional: “Que la Defensa Nacional es un objetivo fundamental y una obligación indelegable e ineludible del Estado y responsabilidad de todos los salvadoreños; que siendo parte activa de la Seguridad Nacional es un medio para que EL SALVADOR mantenga el desarrollo sostenible necesario que permita a sus habitantes el goce de los derechos establecidos en los Artículos 1 y 2 de la Constitución”. Y considerar que un poder económico, con fines políticos y fuera del área centroamericana, va en camino de tener una participación económica relevante (capaz de modificar las tendencias naturales del mercado) y una tendencia política ya relevante, es una cuestión de Seguridad Nacional. Pero es imposible pensar que este mecanismo constitucional y legal, actúe, pues es como dice el refrán,  “es encadenar a un perro con chorizos”, ya que son  los mismos  funcionarios que deben de actuar contra el ALBA, le  favorecen.


En conclusión, vamos en camino, no sólo de un descalabro económico, por un alejamiento de la verdadera inversión extranjera, sino también por el estrangulamiento de la empresa nacional por causas políticas y, la muerte por inanición, de la pequeña y micro empresa. Causa impresión muy aflictiva  oír que  la oposición venezolana relata que  ellos son  impotentes ante los asesores cubanos, que manejan por medio de los funcionarios venezolanos la vida económica y la seguridad de Venezuela. Aquí, tal situación,  no sería posible, sin la complicidad de los nacionales, pero, no debemos olvidar que actualmente dependemos de las “sugerencias” que nos hacen los venezolanos por medio de sus asesores en materia económica y empresarial del ALBA y la cual,  extiende su influencia hasta el Órgano de Inteligencia del Estado OIE.

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