Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 11 de
abril de 2015.
La actual crisis de inseguridad,
tendrá que ser resuelta por las acciones conjuntas de la Fuerza Armada y la
Policía Nacional Civil; esto, según el marco constitucional, doctrinario y de estructura
orgánica de dichas instituciones, y sin la aplicación de conceptos políticos
ideológicos o de populismo, los que sólo entorpecerían el combate a la delincuencia
y debilitarían las estructuras, militar y policial.
No puede ser, en su
actuación en el territorio nacional, a asignar a la Fuerza Armada atribuciones en
igualdad de condiciones con la PNC, porque la Fuerza Armada, en esta campaña contra las
pandillas, no tiene un objetivo definido. Su misión es
puramente táctica, de apoyo a la
PNC y a las autoridades civiles que se lo requieran; por consiguiente, su
participación es un refuerzo a las
acciones de Seguridad Pública, aumentando
la fuerza operativa de la PNC, que es la que planifica y le asigna tareas a la Fuerza Armada.
La estructura de mando
y capacidad operativa la Fuerza Armada, exige a ésta, contar con
un espacio, en donde sus mandos puedan decidir sobre su la parte operativa, en cumplimiento
de los requerimientos de la PNC. Lo que implica que el actuar de ambos cuerpos
sea en conjunto pero sin coadministración, para evitar confusión de
atribuciones, de la dualidad de mando o de sujeción de la una a la otra. Si se cumpliesen
estas condiciones, podría afirmarse que
sí estarían realizándose operaciones conjuntas y también de acuerdo al marco
constitucional.
Muchos desearían ver en
las calles, un despliegue militar, para
que el problema de inseguridad fuese enfrentado desde un punto de acción
estrictamente militar, y que se recuperaran militarmente los territorios
dominados por las pandillas, con operativos de contrainsurgencia; de esta
manera se justificaría las acciones de las pandillas como una guerra social y
de una militarización. Para abordar el
problema de esta manera, el Estado debería contar con una fuerza operativa de diez
hombres a uno, con relación a los pandilleros,
lo cual implicaría el empleo de una fuerza muy superior a aquella con que cuenta el Estado de El
Salvador.
Puede medirse la
evolución de la letalidad de las pandillas a través del progreso de su
armamento: hasta el año dos mil, las pandillas utilizaban granadas artesanales,
fabricadas de bloques de TNT, provenientes de los remanentes de guerra, no
entregados por el FMLN. Evolucionan luego, a granadas M-67 y, en el año dos mil cinco,
adquieren fusilería (M-16, AK-47 etc.), pues intensifican su lucha territorial, con la
ayuda del narcotráfico. A esta evolución, conocida por el Gobierno, no le puso
paro en su momento, por cuestiones
meramente de imagen política, ideológicas o populismo. Para mayor información
sobre esta evolución en el armamento de las pandillas, puede consultarse el
documento “El armamento de las pandillas salvadoreñas: análisis de su letalidad,
poder de fuego e implicancias de
seguridad pública”, del militar y escritor salvadoreño Herard Von
Santos, estudio encomendado por el
Centro de Investigación Científica (CINC-ANSP) para su publicación en el quinto
número de la revista “Policía y Seguridad Pública.”
Actualmente, para controlar la presente ola de criminalidad
y recuperar los territorios ocupados por
las pandillas, es necesario una movilización del sistema de Seguridad Pública,
es decir, completar con recursos humanos y materiales, los juzgados y penitenciarías,
contratando y capacitando a un nuevo personal no contaminado con las pandillas
y, con conocimiento y fe en el sistema ( jóvenes preferentemente
universitarios).
Se debe también ocupar
infraestructuras abandonadas, como beneficios de café u otras instalaciones
gubernamentales en desuso, para penitenciarías y reclusorios transitorios, que
garanticen la separación por peligrosidad y tipo de delincuencia.
Mejorar los servicios
de inteligencia militar, policial y de la OIE,
para que se establezcan los objetivos de la presente lucha, manteniendo operaciones
sucesivas, en los lugares de persistencia pandilleril y excluir de manera
absoluta todo acercamiento a las pandillas que implique considerar a éstas en
un plano de igualdad y excluir de la toma de decisiones a toda entidad cuya
finalidad e interés no sea exclusivamente la de la Seguridad Pública, enmarcada
dentro de la Constitución: los cultos religiosos y las organizaciones sociales,
persiguen fines e intereses que no son los de la Seguridad Pública.
Dado el grave problema
de inseguridad que se vive, y al cual no se le ha encontrado solución, el Alto
Mando de la Fuerza Armada, no debe esperar a que le ordenen qué hacer, sino
debe de recomendar su intención, como garante último de la institucionalidad del
país, puesto que es un problema de Seguridad Nacional, y el cual debería ser prioritario para el actual Gobierno de El
Salvador, entendiéndose como tal todas sus instituciones: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
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