LA REALIDAD ECONOMICA NACIONAL

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 23 de octubre de 2014.

Guillermo Gallegos, Diputado de GANA, en un programa de opinión a principios de la presente semana, reconoció que, el Estado Salvadoreño, está en inminente quiebra; comparándolo con Grecia, Portugal, Irlanda y Argentina, urge sobre la necesidad de consolidar la deuda nacional con un sólo acreedor, sin mencionar quien podría ser  el posible salvador aunque, según algunos, sería Venezuela o alguno de los miembros del BRICS.

Mientras se cierne esta realidad, el Gobierno actual, trata de promover nueva inversión, maquillando las cifras macroeconómicas,  con el objeto de probar tres cosas: primero que, los niveles de endeudamiento son, entre el 40 y el 60% y no, del 70%; segundo,  que los niveles de imposición fiscal, son los más bajos de América Latina (15%); y tercero, que los niveles de crecimiento económico, serán de entre un 2 a un 2.5%.

Para mantener bajo, el ratio de endeudamiento del Estado, se recurre a un artilugio y a una medida económica: el desconocimiento de los derechos del derecho-habiente. Lo que es, por una parte, excluir la deuda de pensiones e incluir, como parte del PIB, las remesas familiares y, por la otra parte, disminuir los beneficios del pensionado actual y dilatarlo en sus beneficios al futuro, para que el Estado usufructúe, con intereses bajos, los fondos de pensiones.

El elemento que no se toma en cuenta, al momento de hacer cálculos económicos, sobre el pago impositivo de los particulares, es el costo de las extorsiones y la inseguridad física, pues estas, son vistas como  actividad delincuencial que sufre el particular o un “costo hundido” para las empresas, sin relación con las obligaciones de éstos con el Estado; sin embargo, no es así, ya que se dan tres condiciones: la primera, es la generalidad del hecho (la ANEP y la Cámara de Comercio han reconocido que el 75% de sus agremiados pagan extorsión) y se ha reconocido que cerca de 400,000 personas viven de ella (pandilleros y sus familias). En segundo lugar, este cobro es ejercido por una fuerza coercitiva, de una capacidad superior a la de la recaudación del Estado, y sólo comparable con el “impuesto de guerra”, que se pagaba durante el conflicto armado al FMLN y por último, sus costos, ya son aceptados como “normales”,  en el ejercicio de la actividad económica. Por lo cual, si los costos de seguridad privada y los de la extorsión, son de un promedio del 11% de la actividad económica, podemos afirmar que la tasa impositiva real, en El Salvador, es de 26%. Esto se ha vuelto una realidad económica, a partir del momento en que el Estado de El Salvador, no puede evitarla y afecta la actividad económica de forma directa.

Mientras que el Gobierno asegura que el crecimiento económico será de un 2.5%, dependiendo de la inversión pública – privada y trata de promover ésta, mediante la adquisición de más deuda, sustentada a largo plazo, con mayores impuestos y, no se le da al inversionista privado, la seguridad de su retorno financiero, por la inseguridad impositiva y las trabas gubernamentales, siempre encontrará la empresa privada, mejores lugares para invertir en el área: Honduras y Costa Rica.

Los dos cánceres que tiene la economía salvadoreña son la politización de la economía y la inseguridad física en el país. Mientras  no se logre estabilizar estas dos amenazas, será imposible alcanzar un crecimiento sostenible. Pensar que el Estado, será el motor económico y que, los dineros privados salvadoreños y extranjeros, estarán al servicio del Estado (por no decir, del Gobierno de turno) es un error ideológico. Pensar que el Estado puede percibir lo que se paga de extorsión y de seguridad privada, para combatir la delincuencia, sin planes concretos y dárselos a las pandillas, para lograr calmarlas, es un error de apreciación de la realidad.