Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 13 de
mayo de 2014.
“Los habitantes de una
nación no deben estar sumidos en la ignorancia porque esta es la mayor
desventura para un país.” José Milla Vidaurre
(Salomé Gil), historiador guatemalteco.
Las verdades a medias o
pequeñas mentiras, son argucias con las que generalmente, se pretenden fines
que de un modo claramente honesto, no podrían ser alcanzados. En este proceder
engañoso consiste el populismo, con el cual es posible manipular la opinión
pública con el fin de lograr la “gobernabilidad”. Pues este proceder es el que
estamos apreciando en las acciones del presente Gobierno aunque, más parece, que quien ya gobierna es el presidente
electo.
Me refiero, en este brevísimo
estudio a tres cuestiones complejas: 1) el caso del embargo de ENEL, 2) las
propuestas de endeudamiento y de reforma fiscal, 3) las reformas a los
conceptos educativos, aplicables desde el nacimiento hasta los cinco años de
edad. En el informe de estos sucesos, podemos encontrar verdades y mentiras que
son, en realidad lo uno y lo otro sólo a medias y que, a la larga, tendrán muy
serias repercusiones en la vida nacional afectando desde el más grande
industrial, hasta la más humilde vendedora del mercado.
Puede apreciarse, en el proceso de embargo contra los bienes de
ENEL, que se demanda a dicha empresa con sus dos personalidades jurídicas: a)
como empresa nacional subsidiaria y b) como transnacional y, en este carácter,
se ha presentado como “proceso de legítimo derecho”, por parte de El Salvador,
no siéndolo pues éste ha violado principios jurídicos y financieros, los cuales
saltan a luz: llama la atención el sobre valor de venta de las acciones de
CAESS a una empresa venezolana , cuyo precio inflado de acuerdo a los parámetros
normales de valoración, ha servido como medida para determinar el “lucro cesante
y daño emergente” que reclama el Estado de El Salvador; es éste una proceso
amañado que ahuyenta la inversión extranjera no sólo a la ya establecida sino a
la que podría establecerse.
Si persistimos en la
lógica, de considerar como acto lesivo a los intereses del Estado, la
explotación de concesiones por compañías extranjeras muy poco probable será que
se oferte convenientemente, la explotación del puerto de Cutuco; puede ser
también que se dicten restricciones a la explotación de piedra caliza, para “prevenir
daños al medio ambiente”, prohibición que no sería extraño si consideramos los
criterios técnicos a aplicar por parte del Ministerio de Medio Ambiente y, si
lo relacionamos con la Ley de ordenamiento Territorial, que se va implementando
poco a poco y que vuelve vinculantes para las municipalidades en sus decisiones
de permisos y reglamentaciones de construcción, asentamiento urbano y
explotación del subsuelo, podría afectar las concesiones de los particulares
para el uso del subsuelo, los cuales formalmente sólo son dos: la explotación
de piedra caliza para la producción de cemento y la explotación de escoria volcánica
para la fabricación de bloques de construcción, aunque también en un momento
puede afectar las minas de arena, barro y tierra blanca, que no alcanzan la
regulación estatal por la informalidad de las mismas.
Aumentar el
endeudamiento y subir los impuestos, podrían evitar que el Estado caiga en
iliquidez, situación que ya se ha venido manifestando, desde el final del
Gobierno de Saca, aunque con diferentes estrategias se ha logrado solventar
dicho problema: un medio ha sido el de utilizar los ingresos provenientes de
las entidades autónomas, proceder que ha dado origen a los problemas con
nuestros socios extranjeros. Aprobar las medidas propuestas actualmente por el
Ejecutivo, serían sólo un paliativo para una situación económica inevitable, la
iliquidez del Gobierno. Al proponer estas medidas, no se advierte que de no
aprobarlas, pudiesen venir otras medidas más duras, las cuales sólo podemos
inferir por la opinión de los economistas de izquierda que se han expresado al
respecto: “más impuestos a quienes generan más utilidades”, desconocimiento de
la deuda y mayor dependencia de Venezuela, con la exclusión del mercado de
algunos intermediarios. Estas son opiniones recogidas de las distintas
disertaciones del Dr. Salvador Arias, sobre nuestros temas económicos. Con
estos razonamientos, no pretendo insinuar que debemos cumplir las pretensiones
de dichos economistas, para evitar “males mayores”, pues es necesario parar ya
definitivamente tales maniobras ambiguas y que lesionan económicamente a El
Salvador.
En efecto, ha llegado
el momento de poner punto final al endeudamiento y al despilfarro público, pues
la capacidad del Estado para endeudarse ha llegado a límites insostenibles, a
menos que consideremos como lo han hecho en San Vicente y las Granadinas (
integrante de Petrocaribe) que, con un endeudamiento del 90% del PIB seremos
mantenidos por Venezuela, en la certeza
de retribuir a dicho país, con nuestro voto a su favor en la OEA, o probablemente
como Haití (miembro de Petrocaribe), cuyo presupuesto es financiado, para
evitar una catástrofe humanitaria, en un 40%, por países extranjeros que lo dan
como limosna.
El Ministerio de
Educación acaba de anunciar su programa para la formación del infante de cero
años hasta los cinco años y, cuyo progreso será medida de acuerdo a la
formación conceptual de la sociedad por parte del menor. Esta etapa de la vida
del infante, corresponde a la familia y no al Estado, pues lo que se pretende
es que en definitiva, la “patria potestad” recaiga en el Estado, cuando
considera que los padres no dan a sus hijos la educación adecuada a los fines
del Estado. Esto afectará a las personas de la clase trabajadora, y abrirá el
debate sobre los fines de la educación y la formación ideológica del menor,
para su vida futura como ciudadano. Un debate ya abierto en Venezuela y que
llevo a que Hugo Chávez, perdiera por vez primera un “referéndum”. Lo que está
en juego es la patria potestad de los hijos y a la que no se puede renunciar
porque es de “derecho natural”, inalienable e imprescriptible.
Por todas estas
consideraciones, los salvadoreños debemos entender que se hace necesario exigir
a los funcionarios públicos, la verdad sobre las pretensiones del gobierno sin
tapujos de ninguna especie. El haber ganado las elecciones por un margen
mínimo, no es óbice para que la totalidad del a nación, acepte mansamente,
disposiciones u medidas que afectan a la totalidad de los ciudadanos. Todos,
sin excepción, como dice el pueblo “tendremos que pagar el “real” de los elotes”: desde ya debemos apreciar la
transparencia y el buen gobierno sin amaños ni torpezas, y es responsabilidad del
Presidente electo Salvador Sánchez Cerén y de Oscar Ortiz, su Vicepresidente.
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