Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 26 de
mayo de 2014.
En un solo día, ha
habido treinta y una personas asesinadas y un elevado número de lesionados en
diferentes hechos violentos, lo cual es reflejo de la incapacidad del Gobierno
para solucionar el gravísimo problema de la delincuencia. Al iniciar su
Gobierno, el Presidente Salvador Sánchez Cerén y sus funcionarios deben probar
tener voluntad política para resolver el problema de la inseguridad social para
luego pasar a resolver los problemas técnicos. Por de pronto, en nuestro país está
haciéndose lo contrario y lo que es más alarmante es que se advierte en la política, cierta
tendencia contraria a los fines naturales del Estado y a las conveniencias políticas
de El Salvador.
Tanto las declaraciones
del Diputado Benito Lara –futuro Ministro Justicia y de Seguridad Pública –
como las últimas del actual Presidente Mauricio Funes sobre el problema de la
delincuencia, han sido tan contradictorias que con propiedad se califican de
cantinflescas: afirman que darán continuidad a las negociaciones con las
pandillas y, a continuación, se niegan los acuerdos pactados, afirmándose que
no se permitirá que haya grupos de exterminio de pandillas ni que la seguridad
la asuman manos privadas, aunque el Estado demuestra su incapacidad para
garantizar la seguridad ciudadana. Sus discursos sugieren que la violencia es
motivada por grupos de Derecha o, afectos a ésta, con el fin de crear
inseguridad y desprestigiar al gobierno del FMLN.
Todo el proceso
criminal: detener un bus – pinchando una llanta – hacer subir a los sicarios
lejos de la terminal, vestir a estos con las camisas de llamativo color naranja
del FOVIAL (conforme a nota periodista) para que fuera señal de campo y de evitar
el accidente de fuego amigo e infiltrar a una vendedora para la identificación
de objetivos, prueba cierto grado de capacidad operativa, típico del crimen organizado
y sobre todo, porque sus víctimas fueron
custodios penitenciarios y un policía y las otras personas sin relación con la
seguridad pública y que fueron un daño colateral en el intento de encubrimiento
del crimen.
La incapacidad para
aplicar la inteligencia policial es notoria, inexplicable y peligrosa, como
también lo es, la negligencia de las autoridades para desarrollarla en los
últimos cinco años. Pero sí es evidente el interés del Gobierno por negociar y
consolidar a las pandillas, usándolas luego en su beneficio electoralmente. Es
oportuno recordar que en el campo de la clandestinidad y del financiamiento de
operaciones insurgentes ha sido, el tráfico de drogas, práctica usual así, este
es hoy como un remanente del conflicto colombiano en relación con sus antiguas relaciones
clandestinas en El Salvador, existe cierto grado de tolerancia, por parte de
las altas autoridades del FMLN con estos grupos, sobre todo si tomamos como
referencia la política cubana de los años 80 y 90, de prestar su territorio
para el trasiego de drogas, teniendo con ello un beneficio doble:
financiamiento para los altos jerarcas de la isla y para crear conflictos
sociales en los Estados Unidos.
La cuestión es que la
tolerancia del Gobierno ha dado motivo para la aparición de un leviatán del
crimen organizado; ya, de pandillas o ya, del narcotráfico. Pues lo que antes
se hacía en la clandestinidad ahora se hace a la luz del día y el ciudadano
pacífico ya ve con naturalidad la presencia del pandillero que domina en “su
territorio” y contempla indiferente el tráfico de droga que utiliza los mismos
caminos y personas que antes sirvieron de línea de abastecimiento militar del
FMLN.
El Presidente Funes
insinúa que los numerosos homicidios se comenten con el fin político de que su
Gobierno quede mal: esto no es verdad. La existencia de grupos armados delincuenciales, sólo existe y puede ser
sostenida, por negocios clandestinos como la defensa de los territorios “rentados”
, de las vías de transporte de drogas o de trafico de personas, que son el
negocio del crimen organizado, que existe en El Salvador.
Para desviar la
atención del público ha sido insistente la denuncia de que existen Escuadrones
de la Muerte pero hasta el momento, no se ha podido probar que tales
organizaciones existan, es decir, organizaciones que hayan tomado por su cuenta
y riesgo el castigo de los delincuentes. Ha habido personas que reaccionando en
defensa propia, dispararon contra los pandilleros asaltantes y no podemos decir
que esas acciones, enmarcadas dentro de la ley, en relación a la legítima
defensa, son Escuadrones de la Muerte.
Si la intención de
acabar con la delincuencia fuese real y sincera, de parte del Gobierno, la
primera medida sería aislar a los pandilleros, a sus cabecillas, separación
absoluta. Para saber quiénes son, basta leer sus nombres son basta con leer sus
nombres inscritos en la carta presentada personalmente al Secretario General de
la OEA; aislar también a sus segundos en mando y a toda la cadena de
mando, que está en la cárcel. Sin
embargo esto no se hace porque se
argumentaría que el aislamiento “lesionaría sus derechos humanos”, a la obligación de la reeducación y, luego se
abriría el debate entre sus defensores, de que toda medida que lesione a sus
protegidos es ilegal y un abuso del Estado. Así, toda posibilidad para la
solución del problema queda fuera de consideración. Las órdenes de captura
quedan sin efecto por que se carece del personal suficiente.
Es inconcebible, a la luz
de las doctrinas policial y militar que, se dé orden de repeler y perseguir bajo fuego a
quienes abran fuego, contra agentes policiales y militares, en el terreno, sin
que éstos luego, sean juzgados por uso “excesivo de la fuerza”, tomando en
cuenta que están facultados para “repeler el ataque, en la medida en que éste,
ponga en riesgo su vida, según los principios de la proporcionalidad de la
legítima defensa en relación con el ataque”. Mientras esto no cambie esta
situación, se continuarán dando ataques a agentes policiales y militares
Los pocos miembros de
la inteligencia policial conocen los nombres y las señas de los delincuentes que
controlan los “territorios más lucrativos”, mercados y zonas comerciales, pero
como no tienen orden de captura administrativa ni judicial, no pueden
capturarlos y, para obtenerla, es necesario que el particular presente la
denuncia y, si éste lo hace, se le avisa que no se puede hacer nada sino hasta
que pague la extorción o sufra el secuestro. De tal manera que este otro medio
de combate a la delincuencia débese también dejar de lado por inútil. Declarar
a la Mara Salvatrucha, a las Maras dieciocho o a la Mara Maquina como entidades
delictivas y perseguibles, es imposible, pues alegarían sus defensores que se está
violando la “libertad de asociación”, establecida en la Constitución política,
además de violar los principios de la individualidad en la responsabilidad
penal.
Esta situación favorece
en cierta medida al Gobierno del FMLN, pues le permite justificar sus acciones,
por la “exclusión social”, la cual se eliminaría con la transformación social
de El Salvador, hacia el Socialismo. Por otra parte, mientras estas organizaciones
tengan relación con otros países y sean un peligro para ellos, es de esperar
ciertas cooperaciones con el Gobierno de El Salvador.
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